Ceniza y lodo en el río tras el incendio de Burgohondo - PEDRO ARMESTRE // GREENPEACE
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace, ante un verano marcado por grandes incendios forestales y la llegada de las lluvias de otoño a las zonas incendiadas que "supone un nuevo peligro para los ecosistemas y la población", ha exigido que la protección del agua "sea una prioridad" en la gestión después de los incendios.
En este contexto, Greenpeace ha documentado los arrastres de lodos y cenizas del incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los más graves de 2026 y el segundo de mayor superficie desde que existen registros, con imágenes que reflejan que las lluvias intensas del otoño "ya están arrastrando cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia ríos, embalses y captaciones de agua".
La organización alerta de que lo que muestran las imágenes "ya está también ocurriendo o puede ocurrir en más zonas incendiadas" y que "son necesarias medidas urgentes para proteger el suelo en las superficies forestales arrasadas, minimizar los procesos erosivos, evitar la contaminación de cursos de agua y garantizar el abastecimiento de agua potable en muchas localidades que dependen de aguas superficiales".
"Las administraciones en los municipios afectados por el incendio de Burgohondo han tenido que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos", ha asegurado.
Greenpeace ya expuso el pasado 25 de agosto la necesidad de tomar medidas de estabilización de emergencia para evitar el denominado 'chapapote de monte': por ejemplo, la instalación de pequeños diques, acolchados de paja (mulch) y construcciones provisionales para evitar el arrastre de cenizas y lodos, que producirán la contaminación del agua potable, que pueden producir colmataciones de potabilizadoras y múltiples impactos a la fauna piscícola, etc.
Por otro lado, considera que otras medidas posincendio como la extracción de madera quemada "tienen que ser revisadas". En el caso de Burgohondo, recuerda que la Junta de Castilla y León publicó una orden de retirar la madera quemada. Sin embargo, advierte de que "una retirada generalizada deja el suelo más expuesto y favorece el arrastre de cenizas, lodos y sedimentos con las lluvias".
Por ello, defiende que "es fundamental retrasar unos meses el talado del arbolado quemado, cuando las condiciones lo permitan, para favorecer la fijación del suelo y reducir la erosión y la escorrentía y posteriormente realizar una retirada selectiva adaptada a las características de cada zona".
En un contexto de cambio climático que "agrava sequías e incendios forestales", ve fundamental disponer de redes de seguimiento de cantidad y calidad de aguas subterráneas. Por ello, apuesta por mantener un seguimiento "extraordinario" de las masas de agua subterránea afectadas por los incendios y prolongarlo en el tiempo, ya que sus efectos no son inmediatos: "las cenizas y sustancias movilizadas en la superficie pueden infiltrarse con el agua de lluvia y alcanzar progresivamente el subsuelo, en un proceso que puede durar desde semanas hasta varios años, dependiendo de las características del terreno y de los materiales atravesados".
"La vigilancia debe intensificarse durante los periodos de recarga, especialmente con las lluvias de otoño e invierno, y mantenerse durante sucesivas campañas para detectar posibles alteraciones de la calidad del agua y evaluar su evolución", señala.
Ante el reto de las consecuencias posinciendio, Greenpeace demanda priorizar la protección del agua (superficial y subterránea) en las políticas posincendio y en los planes de restauración; protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos; reforzar las redes de control de calidad del agua y piezometría en las cuencas más vulnerables; establecer protocolos de coordinación entre confederaciones hidrográficas, CCAA y ayuntamientos para evitar el caos competencial actual; integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, con especial atención a los acuíferos estratégicos; y reforzar la investigación sobre cómo los incendios alteran el suelo, la escorrentía y la infiltración, y estableciendo redes específicas de seguimiento de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas en las zonas afectadas.
