VOX pide que el sistema SDDR sea, en todo caso, de carácter estatal, pero que se implante solo si no se cumplen los objetivos de gestión de envases
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Más País-Verdes Equo quiere prohibir fumar en las playas porque "las colillas tardan una década en degradarse, pudiendo ser ingeridos por los animales en dicho proceso". "En España se consumen más de 30.000 millones de cigarrillos y los filtros del 15 por ciento de los mismos acaba en las playas, siendo ya el 40% de los residuos del mar Mediterráneo", ha recordado.
Así consta en una de las 27 enmiendas de la formación parciales al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que se tramita enel Congreso. Con ellas, además, quiere acabar con la obsolescencia programada y apostar por "alargar la vida útil de los productos" porque según Más País-Verdes Equo, el modelo "comprar, tirar, comprar es insostenible", por lo que propone que sea "obligatorio" hacer "un estudio de la vida útil de los productos", que sea "público y de fácil acceso para ayudar a los consumidores a elegir aquellos productos más sostenibles".
Asimismo, reclama un nuevo "modelo de reciclaje en España" porque, según ha explicado, el sistema actual es "profundamente ineficaz" pues "el 44 por ciento de los plásticos españoles acaban en vertederos".
Para cambiar la tendencia, la formación política ha propuesto, igual que PSOE y Unidas Podemos "la implantación de un sistema de devolución de envases (SDDR)" que se utiliza en Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos mediante el cual, "con cada envase retornado se devuelve una pequeña cantidad económica al consumidor". Ese sistema ya estaba contemplado en el proyecto de ley inicial, aunque casi de pasada, sin entrar a precisar su funcionamiento.
En este contexto, el partido hace hincapié en el desecho de los alimentos en buen estado, "el responsable del 10 por ciento de emisiones de fases de efecto invernadero a nivel mundial". Para invertir la situación, ha propuesto que los supermercados y cadenas de alimentación no puedan tirarla y sean obligados "a donarlos a comedores sociales u ONGs" a través del Programa Estatal de Prevención de residuos.
Por último, la formación ha reclamado asegurar el "sacar mayor partido a la basura orgánica" mediante la "correcta recogida" de la misma y ha pedido que se incluya a los puntos limpios en las redes de reparación y preparación para la reutilización de "objetos que pueden tener una segunda vida".
PP: ESCUCHAR A LOS SECTORES AFECTADOS
Por su parte, el PP ha presentado más de 200 enmiendas parciales al proyecto de ley, entre las cuales quiere que el nombre de la norma incorpore el "concepto de economía circular" al tiempo que denuncia la "falta de diálogo" de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los "sectores afectados.
El Grupo Parlamentario Popular quiere avanzar "de verdad" hacia una economía circular en España. Los 'populares' ven "prioritario" hacer una transición "justa" y atender las demandas de "más de un millón de empresas" en España que están afectadas por la norma.
"La mayoría son pymes y autónomos, que no han sido escuchadas por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico", ha denunciado el PP en un comunicado. Por ello, desde la formación que preside Pablo Casado han remarcado que con sus enmiendas pretenden trasladar al Gobierno "su preocupación" a la vez "las inquietudes" tanto de la sociedad civil, como de las entidades ambientalistas, del municipalismo, de las comunidades autónomas y de las empresas de España.
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, César Sánchez, ha denunciado ha señalado además que el PP propone cambiar el título de la ley, incorporando el concepto de economía circular. "Esta ley no puede ser una ley fallida de un Gobierno que ha demostrado ser un Gobierno fallido", ha afirmado, al tiempo que ha aseverado que tampoco puede ser "una oportunidad perdida". "La economía y la sostenibilidad o van de la mano o lo pagará nuestro medio ambiente", ha dicho.
Mientras, Vox ha presentado 46 enmiendas parciales dirigidas a reducir la inseguridad jurídica a la que opina que aboca la futura norma puesto que considera que la ley, en algunos aspectos, va "más allá" de la Directiva Marco de Residuos. De este modo, advierte de que al establecer requisitos adicionales puede poner a España en una situación de "desventaja competitiva". Esto es así, a su juicio, por ejemplo en los requisitos adicionales sobre el peso de los productos y los objetivos de reducción de residuos, para los cuales plantea equipararlos a los de Portugal, algo más bajos.
SI HAY SDDR QUE SEA ESTATAL
Respecto al SDDR, Vox propone que estos, de implantarse sean de ámbito nacional y solo cuando "haya quedado acreditado que no se cumplen los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente en materia de responsabilidad ampliada del productor".
Por otro lado, propone informar sobre la repercusión económica del producto del cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor mediante un desglose de la contribución financiera de los productores en la factura y en el tique de compra del consumidor final.
Otra de sus enmiendas busca introducir el concepto de producto para evitar condenar a algunos que "históricamente han tenido su mercado" a definirse como subproductos o residuos, lo que complicaría su comercialización. En todo caso, añade que la consideración de sustancias u objetos como subproductos debe ser una competencia estatal y solo "de forma excepcional" de las comunidades autónomas.
Vox recoge también alguna de las quejas de los sectores afectados en cuanto a que el proyecto de ley establece la necesidad de eliminar o valorizar los residuos en las instalaciones "más próximas a su lugar de generación".
Así, subraya que el principio de proximidad debe considerarse desde la perspectiva de la eficiencia ambiental pero también económica y no solo en términos administrativos. Justifica la formación verde que se deben buscar tratamientos competitivos que eviten la generación de monopolios o prácticas anticompetitivas consentidas o protegidas por las administraciones que al final terminen sufragando parcialmente directa o indirectamente los contribuyentes.
De ese modo, Vox cree que el consumidor será "consciente de que existe todo un sistema que gestiona adecuadamente los residuos de envase que se generan, así como el coste que implica" y será una vía para evitar el abandono de residuos en el medio ambiente y, al mismo tiempo, fomentar la participación de los ciudadanos en el sistema; mejorar la transparencia y controlar el fraude.
