Los servicios de guardia de los juzgados de Comunidad de Madrid y Ávila funcionan con normalidad pese al incendio

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Archivo - Fachada de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid durante una concentración para exigir una investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia, a 25 de junio de 2024, en - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Actualizado: sábado, 25 julio 2026 15:16

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de guardia de los juzgados de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila funcionan con normalidad pese al incendio que afecta a numerosas localidades, según han informado los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Madrid, que aseguran que no es necesario adoptar ninguna medida inmediata.

Así lo señala el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicado difundido este sábado tras contactar con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser; y con la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva.

El objetivo de estos contactos, según el CGPJ, es evaluar la situación y valorar si procede adoptar algunas de las medidas contempladas en el protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe, cuyo texto actualizado fue aprobado por el Pleno del CGPJ en su reunión del pasado miércoles.

El protocolo prevé medidas para asegurar la continuidad del servicio público de Justicia en estas circunstancias, ya que la intervención judicial resulta esencial tanto para la protección de las personas afectadas como para la investigación de los hechos y la exigencia de las responsabilidades que, en su caso, procedan.

Entre esas medidas figuran, entre otras, algunas relativas a las sedes judiciales cuando el acceso a las mismas sea imposible o su utilización suponga riesgo para la seguridad de las personas; la suspensión generalizada de los señalamientos y de las actuaciones programadas en el ámbito territorial afectado; o la utilización de medios electrónicos, actuaciones telemáticas y sistemas de comunicación remota que favorezcan la continuidad de la actividad jurisdiccional.

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