MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció hoy que la propuesta elaborada por el Gobierno para modificar la Ley de Extranjería "criminaliza al inmigrante en situación irregular", supone una "restricción de derechos sociales" e incluye un "exceso sancionador" en sus preceptos.
En un informe que ha sido remitido al Gobierno, la Subcomisión de Extranjería del CGAE critica la "falta de diálogo y transparencia en la redacción del anteproyecto", que fue aprobado en Consejo de Ministros sin ser previamente informado por los órganos preceptivos que, como la Abogacía, han tenido que pronunciarse sobre el texto ya elaborado.
Para la institución, la reforma planteada es "mucho más compleja de lo que el Gobierno ha querido dar a entender con sus informaciones a los medios de comunicación" y contiene "elementos de signos muy variados", de forma que algunos resultan "saludables con reservas", como las nuevas garantías para las víctimas de trata personas, mientras que otros son "aspectos francamente rechazables, como la restricción de derechos sociales".
En este sentido, la Subcomisión de Extranjería denuncia que "el nuevo texto legal criminaliza al inmigrante en situación irregular ya que pone el acento en los aspectos restrictivos y en el sentido de incrementar las sanciones frente a las situaciones de mera irregularidad", al tiempo que incluye "conceptos rechazables" que "no hacen sino favorecer la criminalización denunciada".
Asimismo, la entidad expresa su "preocupación" por el trato que el anteproyecto da a los menores extranjeros no acompañados porque los niños podrían ser repatriados "incluso después de tener su permiso de residencia". "No se duda en incumplir Convenios Internacionales, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño cuando, ante la comisión de ciertos delitos, se le trata con la misma dureza y rigidez que a los adultos y se le somete a una obsesión por la expulsión digna de otra causa", sentencia el informe.
EL INTERNAMIENTO COMO REPRESIÓN
La Abogacía critica también la intención del Gobierno de ampliar a 60 días el plazo máximo de internamiento de los extranjeros por considerar que lo que "pretende" el Ejecutivo es "que el internamiento sea sistemáticamente por ese tiempo, eliminando la posibilidad expresa de autorizar internamientos menores (...) lo que refleja que, en realidad, el internamiento no se concibe como una medida cautelar sino como un instrumento represivo".
Además, dado que el anteproyecto contempla la posibilidad de suspender el cómputo del plazo de 60 días en caso de que el inmigrante enferme o pida refugio, el CGAE entiende que "de hecho puede suponer la prolongación sine die del internamiento" por lo que el principio de proporcionalidad al que apela el Gobierno "no despliega todos sus posibles beneficiosos efectos" en este caso.
Por último, la Subcomisión de Extranjería apunta "problemas terminológicos" en la redacción del texto y señala que los mismos "han llegado incluso a hacer caer al redactor del anteprotecto en un ¿lapsus? llegando a confundir la lucha contra la inmigración ilegal con la 'lucha contra la inmigración'".
OTRAS CRÍTICAS AL ANTEPROYECTO
EL CGAE no es la única institución crítica con el texto presentado por el Gobierno. El Consejo Económico y Social señaló "problemas de precisión" en la redacción y lamentó que no se hubiera contado con los organismos preceptivos para su redacción, mientras que el Foro para la Integración de los Inmigrantes cuestionó que algunos de los preceptos incluidos se ajusten a derecho.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, que aprobará su informe preceptivo en el Pleno de mañana miércoles, tampoco es partidario de que se amplíe el plazo de internamiento y reprueba que el Gobierno quiera penalizar la hospitalidad, al incluir en el anteproyecto un artículo que considera falta grave mantener económicamente a un inmigrante en situación irregular.
