BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones, universidades y otros entes públicos que utilicen cámaras de videovigilancia en sus instalaciones deberán informar a los ciudadanos de la presencia de las mismas, según la instrucción 1/2009 que aprobada la Agència Catalana de Protecció de Dades (Apdcat).
La instrucción, que publicó hoy el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), entrará en vigor mañana y responde al interés surgido tras la proliferación de este tipo de dispositivos en la seguridad pública y el control del tráfico, entre otros.
El texto establece el "deber de información" sobre la existencia de las cámaras mediante carteles informativos y exige que las administraciones redacten una memoria que justifique su finalidad, las características técnicas y las formas de conservación de las imágenes.
También explica la forma en que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos para acceder, rectificar, cancelar y oponerse a los titulares de estos ficheros, ya que tanto la imagen como la voz son datos de carácter personal.
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