MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aplaudió hoy la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por por el grupo parlamentario del PP contra la Ley vasca para la Igualdad de Hombre y Mujeres, que exige la presencia en las candidaturas de los procesos electorales autonómicos de un mínimo del 50 por ciento de mujeres.
En declaraciones a Europa Press, la ministra aseguró que, al igual que ocurrió anteriormente con el fallo del alto tribunal sobre la Ley de Igualdad estatal, la decisión "avala la plena constitucionalidad" de la ley autonómica, que, en su opinión, "garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de representación política".
Preguntadas por las críticas que en su día el PP hizo a la ley vasca, al considerarla "antidemocrártica", Aído afirmó que "como bien demuestra el fallo del tribunal, en absoluto es antidemocrática o anticonstitucional", y, al contrario, "respalda la necesidad de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la política".
Además, la responsable de Igualdad señaló que los políticos deben "servir de ejemplo" en paridad a las asociaciones, entidades financieras, sindicatos y empresas. "El mundo no puede construirse desde una única mirada, son necesarias las dos miradas, la mirada masculina y la mirada femenina", aseguró.
Esta decisión coincide con el respaldo dado por el Tribunal Constitucional el pasado mes de enero a las listas electorales paritarias que contempla la Ley de Igualdad aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En dicha ocasión, sólo uno de los doce magistrados, Jorge Rodríguez Zapata, realizó un voto particular discrepante.
El PP presentó su recurso por considerar que algunos de los preceptos de la Ley vasca de Igualdad, que fijan cupos en razón del sexo tanto para las candidaturas electorales como para entrar en órganos de la administración, vulneran el artículo 14 de la Carta Magna y el derecho al acceso a las funciones públicas.
En concreto, el PP aludía a las disposiciones finales Cuarta y Quinta de la Ley, que obligan a que al menos un 50 por ciento de las candidaturas que se presenten a las elecciones al Parlamento vasco y a las juntas generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya estén integradas por mujeres.
Según los recurrentes, esta disposición vulnera la competencia exclusiva del Estado para regular el acceso a cargos públicos, "desbordando el límite del legislador autonómico" (artículo 149.1.1 de la Constitución); así como la prohibición de definir por razón de sexo o género diferentes categorías dentro de los candidatos a unas elecciones y, finalmente, la propia "esfera de libre actividad de los partidos políticos", garantizada en el artículo 6 de la Constitución.
