MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha destacado este jueves que la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supondrá "una mayor inversión tanto en recursos humanos como económicos" en el sistema educativo valenciano, lo que repercutirá en "una mejora de la calidad educativa", y ha opinado que es "económicamente factible".
Así lo ha manifestado tras asistir a la Conferencia de Educación convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se ha abordado el coste de la implantación de esta norma.
En concreto, ha destacado que el Ministerio de Educación les ha planteado un escenario "factible" para poder asumir el desarrollo de la Ley, ya que además, el ministerio "asume parte del coste".
Por ello, ha asegurado que la puesta en marcha de la ley es "absolutamente necesaria", y que será la mejor medida para luchar contra el fracaso escolar. Además, ha explicado que cualquier inversión en educación es "más necesaria que nunca en este momento".
Según ha explicado, la mejora de la calidad pasa por mejorar los resultados educativos, por lo que es necesario disponer de un personal adecuado a las actuales necesidades, así como introducir una evaluación permanente "que permita diagnosticar la situación y, sobre todo, implantar medidas para mejorar".
QUIEN CRITICA "NO TIENE CLARAS SUS PRIORIDADES"
Por otro lado, ha indicado que si alguien critica esta reforma por ser costosa económicamente es que "no tiene claras sus prioridades", y por ello ha valorado que sea el Gobierno central quien asuma los costes directos de la aplicación de la Ley, que implicarán "una mayor inversión tanto económica como en personal".
Finalmente, Català ha resaltado que la Ley contemple "la consolidación" del modelo plurilingüe valenciano, dado que el nuevo sistema educativo "respeta y potencia" el plurilingüismo implantado en la Comunitat desde el curso actual.
A la salida de la reunión, las comunidades autónomas se han mostrado favorables a excepción de Andalucia, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias, que suponen el 45 por ciento del alumnado.
