La Asociación de Ex Detenidos de Argentina busca apoyos en Galicia para el millar de causas abiertas en el país

VIGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Argentina visita Galicia con el objetivo de recabar apoyo que permita al colectivo personarse en las causas abiertas por las supuestas represiones durante la dictadura de este país americano y que superan el millar de causas.

Según explicó a Europa Press una de las integrantes de la asociación, y que es testigo protegido, Nilda Eloy, que dará una charla en el local de la CIG el viernes a partir de las 20.00 horas, se calcula que en la dictadura argentina tubo más de 30.000 víctimas, de las cuales, "más del 10 por ciento tienen origen gallego", estimó.

Asimismo, explicó que, desde que la se abolió la legislación que daba impunidad a los supuestos represores, existen en el país alrededor de 1.000 causas abiertas, por lo que "a la asociación le gustaría participar en la mayor parte", añadió.

Por ello, explicó que el colectivo al que pertenece, que ya ha conseguido el reconocimiento de casos de "genocidio" en dos juicios en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, no acepta subvenciones ni ayudas del Gobierno ni de los partidos políticos del país, para evitar que surjan dudas sobre sus testimonios.

En este sentido, recordó que la CIG viene colaborando con ellos desde hace años, y que, mediante la ayuda del sindicato, entre otras cosas, "se cuenta con un local en el que funcionar". Sin embargo, aseguró que existen muchos otros gastos como los desplazamientos, trabajos de investigación y documentación, que han sido aceptados como pruebas en algunas causas, así como el trabajo de los abogados que acuden a los distintos juicios para los que también "se necesitan medios" dado que las acciones voluntarias son insuficientes para atender la gran cantidad de casos.

Así, además del acto del próximo viernes en Vigo, al que acudirá invitada por la CIG y en el que se mostrará un documental sobre los casos de desaparecidos, Eloy visitará otras localidades gallegas como Pontevedra, Gondomar, Caldas de Reis, Porriño, Coruña, Ferrol o Ribadeo, donde ha habido víctimas, para transmitir la actividad que realiza su colectivo e intentar recabar apoyos.

AGRUPAR LAS CAUSAS.

Por otra parte, Eloy mostró su voluntad de que se agrupen las causas abiertas en Argentina con motivo de los secuestrados y desaparecidos, para intentar reducir el volumen de procesos que redundaría en una mayor agilidad.

Entre los próximos juicios a celebrar en el país americano, explicó que este año tratarán de llevar la causa por el Centro Clandestino Comisaría Quinta en el que, tal como explicó, se juzgará a 7 represores, de un total de 134 imputados, por alrededor de 111 víctimas. Según afirmó, la asociación "intenta no llegar a así a los juicios, ya que los 134 deberían estar en el banquillo".

Por ello, lamentó que el Gobierno de Argentina, según ella, "se quede en los discursos" y no dé "un real impulso" a los procesos. Así, destacó que, además del asunto de Comisaría Quinta, "se permite que se abran casos particulares o por represor" en vez de unificarlos y, además, "los mandan a juzgados que están saturados y las causas van quedando". "No pedimos pena de muerte ni venganzas personales, pero sí queremos que mueran en la cárcel", aseveró.

PROTECCIÓN.

Eloy, quien trabaja actualmente en la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que tiene a su cargo la gestión del ex-archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, recordó que desde hace alrededor de un año y cinco meses permanece "permanentemente vigilada por efectivos policiales" puesto que se trata de un "testigo protegido".

Sin embargo, mostró su escepticismo ante esta "protección" puesto que, según explicó, "se trata de la misma Policía que, en 1976, me tuvo 11 meses secuestrada en 6 centros clandestinos de detención" al tiempo que explicó que todavía existen efectivos en plantilla de ésta época. Según afirmó, de los alrededor de 40.000 agentes que forman el cuerpo actualmente, un total de 9.026 continúan en actividad desde la dictadura.

Asimismo, recordó que la protección se le puso "dos días después" de que desapareciera otro testigo, en este caso Jorge Julio López, del que todavía no se sabe nada. Ambos habían declarado en un juicio por de 6 homicidios y dos casos de secuestro y tortura, un proceso durante el cual "se habían recibido amenazas".