MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, rechazó hoy que sea un buen momento para endurecer la Ley del Menor, a raíz de las agresiones sexuales producidas en los últimos días por parte de menores, y llamó a que sociedad y poderes públicos se pregunten en qué aspectos educativos, sociales y de protección a menores fallan para que se produzcan situaciones como las de Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva).
En declaraciones a Europa Press, Bravo tildó de "apresuradas" las peticiones de partidos políticos y colectivos que han reclamado la reforma de la Ley del Menor porque, a su juicio, cualquier cambio debe "afrontarse desde la tranquilidad, el rigor y la prudencia".
Así las cosas, se mostró contraria a "propugnar reformas de las leyes desde el dolor y desde el impacto que noticias como éstas nos producen a todos". En este sentido, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces apostó, en cualquier caso, por buscar "el momento" para "valorar si efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico tiene una normativa suficiente para proteger a toda la sociedad".
Bravo aseguró no poder determinar en qué aspecto ha fallado la Ley Penal del Menor en estos dos casos de violaciones cometidas por varios menores y en qué sentido. "No podría decirlo porque tenemos una ley Penal del Menor que prevé medidas y que ha sido modificada en dos ocasiones en las que se han endurecido las medidas y elevado el tipo de internamiento", aseveró.
Para la portavoz, ante delitos de este tipo la sociedad y los poderes públicos deben plantearse qué errores se están cometiendo. "Ante hechos como hoy tenemos que plantearnos en qué estamos fallando respecto a la educación que tenemos que dar a los menores, en qué están fallando los poderes públicos en la protección a las víctimas y a los agresores".
Según Bravo, este tipo de sucesos requieren una "reflexión profunda" que "no puede solucionarse" con "manifestaciones apresuradas sobre endurecimiento de penas" sino que es necesario que tanto ciudadanos como instituciones evalúen sus comportamientos y sus posibles fallos ante los implicados en este tipo de actos.
