SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, consideró hoy que el informe elaborado por la organización Amnistía Internacional sobre el funcionamiento de los centros de protección terapeúticos para menores con trastorno de conducta es "exagerado" en algunos aspectos, por lo que pidió "mayor rigurosidad" a la hora de realizar este tipo de estudios.
Según indicó Chamizo a Europa Press, la institución está visitando casi todos los centros de esta tipología existentes en Andalucía y, hasta el momento, "no se ha encontrado ninguna de las situaciones que critica la organización", tales como "abusos, malos tratos, aislamiento o medicación forzada".
"Es cierto que ha podido haber algún problema puntual, pero ni mucho menos generalizado", afirmó, asegurando que los miembros de la institución "no ha tenido ningún problema nunca para acceder a estos dispositivos de protección" e incidiendo en que "además no debe de tenerlos".
De este modo, pidió a la organización que elabore este tipo de informes, "como ha hecho siempre, con mayor rigurosidad", apuntando que "si realmente tienen conocimiento y pruebas de que en los centros de protección terapéuticos de Andalucía se dan estas actuaciones lo denuncien en un juzgado".
La ONG Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que los menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, aquellos en los que ingresan menores con trastornos de conducta y en situación de exclusión social, "pueden ser víctimas de abusos, malos tratos, aislamiento o medicación forzada", quedando estos casos "invisibilizados e impunes por las lagunas legales existentes".
Según explicaron en rueda de prensa, los menores que ingresan en estos centros bien derivados de otros dispositivos del Servicio de Protección de Menores o a solicitud de los padres "están totalmente indefensos ante los abusos que con ellos se cometen", ya que "en primera instancia, las Administraciones ni siquiera ofrecen datos fidedignos del número de centros de este tipo que existen, las plazas que tienen o los menores que hay ingresados".
Además, tal y como criticaron, "tanto la Administración pública como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo cualquier tipo de investigación independiente e incluso de instituciones como la del Defensor del Pueblo", explicando que en la comunidad andaluza tan sólo pudieron acceder "parcialmente" a uno de los centros de protección terapéutica ubicados en la provincia de Córdoba.
