Indicó que en Asturias no existen apenas actuaciones penales por delitos medioambientales
OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, defendió hoy que la legislación penal se utilice como último recurso frente a la corrupción urbanística, puesto que una correcta utilización de la vía administrativa puede ser suficiente.
Chamorro, que dirige unas jornadas sobre medio ambiente y urbanismo que se celebran desde hoy y hasta el viernes en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, indicó que en Asturias no existen apenas actuaciones penales por delitos medioambientales, aunque sí, impugnaciones de ordenamientos urbanísticos.
Las jornadas Jurídicas sobre Medio Ambiente y Urbanismo, están organizadas por la Dirección General de Justicia y el Instituto Adolfo Posada, en colaboración con el TSJA y tienen como tema principal de exposición y debate la "Evaluación Ambiental Estratégica". A su inauguración asistieron el presidente del Ejecutivo regional, Vicente Álvarez Areces, la consejera de Presidencia, María José Ramos y el director general de Justicia, José Manuel Fernández, entre otras autoridades.
El vocal de del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Almenar Belenguer, consideró que se requieren más medios materiales y humanos para perseguir este tipo de infracciones, puesto que España cuenta ya con una de las legislaciones "más avanzadas". "No es sencillo detectar las infracciones que se producen y a veces, cuando se detectan tienen ya difícil arreglo", manifestó, aludiendo al caso de edificaciones habitadas que deberían ser demolidas.
A su juicio, es importante no legislar en función de un caso concreto dado que ello redundaría en un exceso de normativa. "Hay que elaborar leyes con planificación", concluyó. Asimismo, indicó que la recalificación urbanística es en si misma un "instrumento aséptico", si bien conviene incrementar la transparencia para que los ciudadanos puedan alegar en contra o a favor de la misma.
Almenar apuntó que asistimos a un momento trascendental porque el respeto al medio ambiente se ha convertido en un nuevo derecho fundamental de última generación que concreta algunos existentes y cobra fuerza de manera autónoma. Un precepto recogido en el artículo 45, pero que se considera, sin embargo, un "mero principio que debe regir la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos".
Señaló que el medioambiente debe atenderse como un problema mundial, de primer orden, que debe inspirar las políticas comunitarias.
Por su parte, el presidente del Principado, explicó que en Asturias se está desarrollando una estrategia urbanística cohesionada con el respeto al medio natural, frente al siglo pasado, caracterizado por un desarrollo industrial "hiriente y poco respetuoso" con el entorno.
Para Areces, el Principado fue pionero en materia medioambiental al adelantarse casi dos años a la aprobación de la Ley Estatal sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
Las jornadas, que este año celebran su cuarta edición, acogerán hasta el viernes las ponencias de diez prestigiosos juristas y a las mismas asisten más de 300 profesionales de la Justicia, procedentes de toda España.
