Condenan a la Complutense a repetir el proceso para cubrir una plaza de Ética en Periodismo por irregularidades

Rectorado de la Universidad Complutense en Madrid
UCM - Archivo
Publicado 09/10/2018 13:26:37CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 26 de Madrid ha ordenado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a repetir el proceso selectivo para adjudicar una plaza de investigación en Ética y Deontología Profesional en la Facultad de Periodismo, al entender que se introdujeron criterios de baremación no recogidos en las bases previas de la convocatoria y que los miembros de la comisión evaluadora tenían una idea formada sobre el perfil a elegir porque analizaron la documentación previamente a la constitución del tribunal.

Así lo expone en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estima el recurso planteado por uno de los aspirantes a la plaza ante la desestimación de su impugnación ante la Universidad Complutense de la resolución acordada por el tribunal evaluador.

El diario 'El Confidencial' ha adelantado el contenido de la sentencia y apunta que la candidata elegida era la favorita del Departamento III de la Facultad de Periodismo y se impuso sobre otros cuatro candidatos.

Contra el fallo judicial cabe posibilidad de recurso que la Universidad Complutense no va a presentar, según ha apuntado fuentes de la institución a Europa Press.

Uno de los aspirantes recurrió el proceso al considerar que el tribunal de selección incorporó en su evaluación una serie de requisitos que no estaban en la base de la convocatoria para el puesto y que encerraban una "clara discriminación".

Entre ellos, cita que se aludió como condición la referencia "adecuación al perfil de la plaza", algo contrario a las bases del proceso. Lo mismo reclama respecto a la exigencia de la beca FPU se ajustara a ese perfil, pues era una beca de personal investigador y no docente.

A su vez, expone que se añadieron otros aspectos como plantear que "los proyectos de innovación docente fueran competitivos" y otros no objetivos respecto a las publicaciones y estancias de actividad docente a la hora de establecer la baremación de los candidatos.

Por su parte, la representación de la Universidad Complutense expuso en sus argumentos jurídicos que el requisito de adecuación docente al perfil de la plaza no vulneraba el baremo general y era ajustado reclamar un determinado perfil para el puesto de investigador en Ética y Deontología Profesional.

La sentencia expone que, según se acredita por el examen del expediente, los criterios para la evaluación de la quinta prueba del proceso "no constan en el expediente en lo relativo a lo actuado antes de aquella, sino que se han aportado al procedimiento por primera vez en el recurso de alzada contra la resolución impugnada en él, y no por medio de sus actas, sino por medio de un informe del Tribunal Calificador, lo que bastaría para afirmar que la evaluación de una prueba con arreglo a criterios que ni constan en las bases ni en el expediente, no respeta la exigencias de sumisión a las bases".

"Es indudable que se trata de criterios establecidos ex post de las pruebas y sin ninguna publicidad; lo que permite afirmar que la fijación de dichos criterios en las condiciones indicadas no respeta la exigencia de sumisión del Tribunal a las bases, ni tiene cobertura posible en un juicio de discrecionalidad técnica", recalca el fallo judicial para añadir que ese factor técnico se justifica cuando se explicitan previamente en las condiciones del procedimiento selectivo.

Por otro lado, el Juzgado expone que la propia comisión evaluadora reconoció que se constituyó el 28 de septiembre de 2016 pero que sus miembros ya habían estudiado en los días previos de forma pormenorizada la documentación de los solicitantes de la plaza.

"Y aunque esa revisión individualizada de la documentación por los miembros de la comisión no supone que todo está ya hecho, porque queda la labor de poner en común y acordar entre todos sus miembros el baremo y posterior puntuación y consensuar la elaboración de los informes individualizados de cada candidato, lo cierto es que si los miembros de la comisión, a la hora de elaborar el baremo concreto, ya conocen, aunque sea de forma individual y aislada, los méritos de cada aspirante, en cierto modo 'se contaminan' y es muy fácil que, consciente, o inconscientemente, (eso solamente lo saben dichos miembros) puedan adaptar el baremo concreto a la necesidad de alguno o algunos de los aspirantes, en perjuicio de otros, se reitera, sea consciente o inconscientemente".

Por tanto, el tribunal establece que "no puede servir de justificación que ese estudio individualizado no es definitivo porque falta la puesta en común y deliberación posterior, porque aunque ello es cierto, cada miembro acude a la reunión con una idea formada sobre las instancias solicitudes aportadas por cada uno de los aspirantes, y si es posteriormente cuando se fijan los criterios del baremo concreto, esa fijación puede estar dirigida a beneficiar a alguno de los aspirantes, o a perjudicar a otros".

"Es comparable ese caso, al mundo judicial y en concreto a la Jurisdicción Penal. Quien instruye unas diligencias nunca puede intervenir en el juicio posterior, porque en ese caso ese Juez instructor estaría contaminado por lo que conoce y tendría una idea preconcebida, y aunque fuera posteriormente cuando delibera con el resto de miembros del Tribunal, una vez celebrado el juicio, es evidente que esa contaminación existe, y en este caso que nos ocupa, pasa lo mismo", zanja la sentencia.

Además, rechaza la argumentación de la UCM al manifestar que ese trabajo previo permitió resolver el proceso en el mismo día. "Pues bien, sobre esto decir que, por muy habitual que sea esta forma de actuar en la Facultad, si no es respetuosa con los principios que rigen el acceso a la Función Pública y con la Jurisprudencia, no puede ser admitida. Y las prisas por resolver el concurso, no pueden tampoco justificar un actuar irregular, es evidente" apostilla el Juzgado.

Por todo ello, decreta que la única solución posible es anular la resolución recurrida que confirmó la adjudicación de la plaza de investigación en Ética y Deontología Profesional y "ordenar" la repetición del proceso de selección con un baremo "concreto ajustado a Derecho y vuelva a valorar los méritos de los aspirantes, de forma ajustada a Derecho". En consecuencia, expone que deben quedar fuera del proceso de selección los elementos impugnados por el recurrente.