MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy tomar en consideración la proposición de ley de CiU en la que se solicitaba al Gobierno la reducción del 7 al 4 por ciento el IVA aplicado a la prestación de servicios y asistencia social en centros residenciales privados. La iniciativa contó con los votos en contra del PSOE y de ERC-IU-ICV y con el apoyo del PP y PNV.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, encargado de defender la propuesta, explicó que la medida tenía como objetivo "reducir la elevada carga económica que supone para muchas familias tener a sus parientes en centros residenciales de asistencia".
El parlamentario nacionalista catalán destacó que en España "la esperanza de vida cada vez es mayor y, a la vez, las transformaciones sociales ofrecen cada vez menos posibilidades para que las familias puedan atender debidamente a sus mayores, con lo cual, optan por acceder a centros residenciales" o por servicios concretos de centros especializados, a cuyo coste hay que añadir el 7 por ciento del IVA.
Sánchez Llibre argumentó, asimismo, que la oferta pública de residencias para personas mayores, discapacitados y menores "es muy limitada" -el 83 por ciento de los centros son de titularidad privada-, por lo que "no es lógico" que el ciudadano no pueda beneficiarse de esta reducción si el Estado no es capaz de garantizarle una plaza pública.
EL PSOE AVISA QUE NO AFECTARÁ AL PRECIO FINAL
Sin embrago, la diputada socialista Montserrat Colldeforns explicó que el PSOE se opone a tramitar esta proposición porque no "rebajará los precios al consumidor final". "No hay ninguna garantía de que sea así, y podemos acabar incrementando el beneficio de las empresas privadas", avisó.
Además, preguntó a Sánchez Llibre "qué impuestos se deberán subir para financiar esta rebaja" y agregó que CiU, al igual que el PP, "es de los que pide más estado del bienestar y a la vez menos impuestos".
En esta misma línea, el portavoz de ICV, Joan Herrera, votó en contra de la propuesta de CiU porque "no tendrá influencia real en el precio final" del consumidor y no abrirá "una vía que favorezca la implantación de centros públicos". "La iniciativa no beneficia al usuario sino a la cuenta de resultados del empresario", agregó.
EL GOBIERNO VETÓ LA MISMA INICIATIVA DEL PP
Desde las filas del PP, Carmen Quintanilla denunció que su grupo presentó la misma iniciativa hace un año y el Gobierno la vetó. "El Gobierno utiliza una doble vara de medir y tiene un trato diferente dependiendo del grupo que presente la iniciativa. ¿Por qué en un caso sí y en otro no, cuando el contenido es el mismo?", preguntó Quintanilla.
Así, acusó al Gobierno de "poner freno al trabajo del grupo mayoritario de la oposición e impedir el debate para abordar medidas dedicadas a mejorar la vida de los ciudadanos", lo que a su juicio supone "un flaco favor a la democracia".
Por parte del PNV, el diputado Aitor Esteban afirmó que "hay que incentivar este sector porque la población lo va a demandar cada vez más", mientras que Olaia Fernández (BNG) consideró positiva la medida aunque pidió a los grupos que piensen "cómo garantizar que esa reducción se refleje en el precio final para el usuario".
