Consejero andaluz de Justicia respeta el archivo de diligencias pero tacha las declaraciones del cardenal de "inhumanas"

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
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Europa Press Sociedad
Actualizado: jueves, 3 abril 2014 17:34

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha dicho este jueves que respeta la decisión de la Fiscalía de Málaga de archivar las diligencias de investigación iniciadas a raíz de las declaraciones del cardenal Fernando Sebastián sobre la homosexualidad. No obstante, ha tachado de "absolutamente inhumano" que "un ministro de la Iglesia católica atente contra la dignidad de un grupo considerable de personas".

"No voy a juzgar las decisiones de los fiscales ni de los jueces; imagino que esas declaraciones no son constitutivas de delito cuando la Fiscalía está diciendo que se archiven las diligencias", ha manifestado De Llera, quien ha visitado el municipio malagueño de Antequera.

Sin embargo, ha insistido en que es "absolutamente inhumano" que unas personas, por su orientación sexual, "sean consideradas enfermas". "Me parece que eso es denigrarlas y es impropio de la caridad cristiana", ha indicado.

De hecho, el titular andaluz de Justicia e Interior ha opinado que, con esas declaraciones, el cardenal Sebastián, que reside en Málaga, comete una "injusticia".

El cardenal Sebastián dijo en una entrevista periodística que la homosexualidad "es una manera deficiente de manifestar la sexualidad" y apuntó que "señalar a un homosexual una deficiencia no es un ofensa, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar, se pueden normalizar con un tratamiento adecuado".

A raíz de esto, la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colegas, solicitó a la Fiscalía malagueña que investigara, al entender que se vulneraba el artículo 510 del Código Penal, ya que "se incita al odio y a la violencia".

La Fiscalía abrió diligencias de investigación, que ahora ha archivado, al entender que la conducta no supone una infracción penal y que las manifestaciones, aunque "muy desafortunadas", están amparadas en el derecho a la libertad de expresión y en la libertad religiosa, al haberse hecho "dentro del magisterio de la Iglesia", y no tenían el fin de un discurso de odio "ni había ánimo de ofender al prójimo".

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