MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El cónsul general en Estambul, Raimundo Ezquerra, manifestó hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, encargada de instruir la causa sobre el accidente del Yak-42 en Turquía, que no le consta que desde España se dieran órdenes para identificar los cadáveres de los 62 españoles fallecidos en el siniestro aéreo antes de que partieran los aviones. Añadió que las autoridades turcas tampoco pusieron como condición la realización de este trámite antes de efectuar la entrega de los cuerpos, informaron fuentes jurídicas.
A preguntas del fiscal, el diplomático, que acudía como testigo a petición de la acusación particular -en representación de la Asociación de Víctimas y Familiares del Yak-42-, reconoció que él nunca les dijo a los integrantes de la comisión española que los fallecidos tuvieran que estar identificados antes de hacer el traslado, un requisito que como cónsul debería conocer, según las mismas fuentes.
Del total de los fallecidos, 30 fueron identificados erróneamente, lo que obligó a exhumarlos y realizar pruebas de ADN para entregárselos correctamente a sus familias.
Durante el interrogatorio, que se prolongó durante casi dos horas, el cónsul manifestó ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que ignoraba el por qué de las causas de una errónea identificación de algunos cuerpos, si bien reconoció que si cometió errores a la hora de anotar las identidades en el Registro Civil Consular éstos fueron inducidos, ya que él se limitó a trasladar los datos que le dieron los militares desplazados e imputados en el procedimiento: el teniente general José Antonio Beltrán y el general de División Carlos Navarro Ruiz.
El diplomático llegó al lugar del accidente tras ser informado del mismo y permaneció allí cumpliendo con sus "obligaciones estatutarias", aunque nunca entró en la morgue. Según las mismas fuentes, dijo que no fue hasta meses después cuando conoció que las identificaciones habían sido erróneas y que Beltrán y Navarro, cuyos nombres hoy no recordaba, habían sido imputados.
Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, el cónsul español ratificó unas anotaciones que realizó con motivo del accidente, en las que se ponían de manifiesto diversos problemas a la hora de tramitar las licencias de enterramiento de las víctimas del accidente, ya que faltaban algunos documentos.
El interrogatorio al cónsul español era una de las diligencias solicitadas por la Asociación de Víctimas de Familiares del Yak-42 que fueron rechazadas por Teresa Palacios y a las que se oponía la Fiscalía, y que posteriormente fueron admitidas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después de que la asociación interpusiese un recurso contra la decisión de la magistrada.
INTÉRPRETE FALLECIDO
Entre estas pruebas también se encontraba la declaración del traductor que asistió a los generales imputados durante las identificaciones de los cuerpos, Jean Pierre Jakubiak, si bien ésta no podrá practicarse porque el intérprete ha fallecido. Según fuentes jurídicas, Jakubiak, fue hallado muerto a principios de otoño pasado en su despacho del consulado.
Al parecer, la acusación particular había pedido la comparecencia del intérprete por dudar de su nivel de inglés, el idioma que habría empleado para traducir el turco a los militares españoles que llegaron para hacerse cargo de los fallecidos en el accidente.
TRÁMITES PENDIENTES
Las fuentes mencionadas señalaron que, tras la comparecencia de hoy, la Fiscalía podría considerar que la investigación del caso en lo relativo a las identificaciones ha concluido, aunque aún quedan por resolver ante la Sala de lo Penal cuatro recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas.
En uno de estos recursos se solicita la declaración del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y las otras tres peticiones están relacionadas con la solicitud de informes al Instituto de Medicina Forense de Estambul y a los fiscales de Trabzon que intervinieron en el accidente del Yak-42.
Por lo que se refiere a la pieza que investiga las causas del siniestro, el Juzgado está aún a la espera que le sea remitido un informe pericial sobre este particular que debe elaborar una comisión internacional.
En mayo de 2003, 62 militares españoles murieron en el avión Yak-42 en el que regresaban de Afganistán cuando éste cayó a tierra.
Los cadáveres de los fallecidos fueron repatriados y entregados a sus parientes, muchos de ellos mal identificados, por lo que la Audiencia Nacional abrió una investigación para aclarar lo sucedido.
