MÁLAGA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco-Costa del Sol pusieron en marcha hace un año, y bajo la dirección del juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, un dispositivo policial por el que registraron las principales dependencias municipales marbellíes, especialmente las vinculadas con Urbanismo. Actualmente, sólo cuatro de los 94 imputados conocidos hasta el momento en el denominado caso 'Malaya', contra la corrupción, están en prisión.
Las primeras estimaciones fueron que la valoración de los bienes incautados superaba los 2.400 millones de euros. Cerca de 300 obras de arte, más de 100 caballos de pura raza, toros, armas de gran valor, importantes cantidades de dinero, más de 14 vehículos de lujo, un helicóptero, un barco y unas 1.000 cuentas bancarias bloqueadas son algunos de los datos de esta operación, que comenzó a instruirse en noviembre de 2005 tras la declaración del jefe del departamento jurídico del Ayuntamiento, Jorge González; y en la que se han decretado fianzas que superan los 6,5 millones de euros.
El ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca; y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, al que se le atribuye el diseño de toda la organización societaria del anterior están en prisión desde el comienzo de la operación, el primero en Albolote (Granada) y el segundo en Alhaurín de la Torre. A estos se añade el ex alcalde Julián Muñoz, que está encarcelado desde finales de julio, ahora en Jaén; y el abogado Juan Hoffmann.
Ese mismo día 29, fueron detenidas 20 personas, entre ellas, además de Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; varios empresarios como Ismael Pérez Peña; así como testaferros del ex asesor de Urbanismo y seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta.
De madrugada, fue arrestada la entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cuando llegaba del viaje de luna de miel; y en los días sucesivos otras personas presuntamente vinculadas a la trama, como el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo; hasta llegar a 29 detenidos en la primera fase de la operación policial, de los que 12 ingresaron en la cárcel.
El juez instructor envió a la prisión de Alhaurín de la Torre al presunto cerebro de la trama, a Yagüe, a García Marcos, a Pérez Peña, a la testaferro Monserrat Corulla, a Rodríguez, al empresario Rafael Llopis, a cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano y al también testaferro Oscar Benavente. De estos, sólo Roca y Sánchez Zubizarreta permanecen encarcelados.
Estas detenciones llevaron a la disolución del Ayuntamiento marbellí, cuyo decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 7 de abril, y a la constitución de una gestora, presidida desde finales de dicho mes por el abogado Diego Martín Reyes, hasta que se celebren, en mayo de este año, elecciones municipales.
SEGUNDA FASE
En la segunda fase de la operación 'Malaya', fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 ex concejales, además de constructores y personas relacionadas con el Consistorio marbellí. Tras las declaraciones, el juez decretó prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para once personas y libertad con cargos para otras once. Posteriormente, ingresaron en la cárcel de Alhaurín de la Torre otros dos empresarios.
Así, en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ingresaron los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja y José Luis Fernández Garrosa; el expulsado del PSOE José Antonio Jaén, que en la primera fase quedó en libertad con fianza; la ex edil del PA María José Lanzat; el empresario de Las Ventas Fidel San Román y, posteriormente, los también constructores Carlos Sánchez y Andrés Liétor.
A finales de julio, se produjeron cinco detenciones más, dentro de esta fase; en concreto del ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, acusado de malversación y cohecho; del ex concejal del Partido Andalucista Pedro Pérez; y tres directivos de la constructora Aifos, el presidente, Jesús Ruiz Casado; el director general, Jenaro Briales; y el director financiero, José Andrés León.
De éstos, sólo se decretó prisión para Pérez, que salió más adelante en libertad bajo fianza; y para Muñoz, que aún sigue en la cárcel. El balance fue 33 nuevos imputados en una causa que en noviembre de 2006, un año después del inicio de las investigaciones, acumulaba ya al menos 62 presuntos implicados.
TERCERA FASE
La tercera fase policial profundizó en la trama de blanqueo y cohecho, en concreto relacionado con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, ya que se detuvo en noviembre a 12 personas, entre las que estaba la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, el hermano de ésta, un funcionario judicial, un director de banco y varios empresarios, como José María González de Caldas. No hubo prisiones en esta ocasión, sino fianzas para eludirla.
Asimismo, el juez Torres llamó a declarar, también por blanqueo, a la hija de Muñoz y a la mujer de Roca, quien meses después, este mismo mes de marzo, sería detenida junto con su hija, su hermano y la empleada de una inmobiliaria, presuntamente relacionada con el ex asesor de Urbanismo y loterías premiadas.
En medio, la Policía detuvo a dos abogados, uno de ellos aún en prisión; y a un joyero; y también a varios policías locales, en relación con una trama de subastas ilegales de coches. En total, que se sepa por el momento, 94 imputados, contando una trabajadora municipal, dos agentes de la Policía Local, un policía nacional y un guardia civil, cuyas imputaciones se han conocido en los sucesivos levantamientos del secreto de sumario.
SUMARIO
El sumario, con al menos 73 tomos, ha puesto de manifiesto que, para el instructor, Roca ha sido el que controlaba y dirigía las decisiones municipales "por encima de la alcaldesa", que no era sino "una marioneta" en sus manos. El papel de éste en todo el entramado de corrupción municipal es "el del jefe que influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos".
Así, el juez estima, a través de las sucesivas declaraciones y de los archivos encontrados en la empresa Maras Asesores, que el ex asesor de Urbanismo recibía dinero de los empresarios, que, luego, repartía entre los concejales que votaban las resoluciones presuntamente ilegales. Además, se servía de una serie de testaferros para ocultar propiedades, así como de "una complejísima estructura societaria", supuestamente creada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.
Queda investigación por concluir, fundamentalmente relacionada con dinero en paraísos fiscales y con blanqueo de capitales. Además, queda pendiente localizar a dos imputados, como son el ex edil marbellí del PA Carlos Fernández y el empresario José Manuel Carlos Llorca, ambos con órdenes de detención.
