SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 26 ciudadanos de nacionalidad china fueron detenidos este lunes, 24 de ellos por estancia irregular en España y los otros dos por ser el empresario y el encargado de la obra en la que trabajaban, 111 chalés en Hazas de Cesto para los que se les había subcontratado. El empresario, Meisheng CH, de 29 años, y el encargado Kangchao J., de 41, pasaron esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Santoña, acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores.
Mientras, los trabajadores 'sin papeles' quedaron en libertad con cargos después de declarar y ahora se les instruye el expediente de expulsión de España, aunque "se hace prácticamente imposible practicar la devolución" a su país de origen, puesto que China "no es un país que acredite a demasiados nacionales" y los que sí poseen documentación, "la hacen desaparecer" cuando entran en territorio español para no ser identificados, según explicó en rueda de prensa el Jefe de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía en Cantabria, José Luis García Casquero.
Tal y como indicó García Casquero, acompañado por el portavoz de la Policía, Anibal Cuartas, y el director territorial de la Inspección de Trabajo, Amalio Sánchez Grande, esta operación se ha desarrollado mediante la colaboración institucional, iniciada ante las sospechas que levantó la empresa Chen Chen Jim, con sede social en Zaragoza.
Esta empresa fue subcontratada para realizar los techos y cerramientos de los 111 chalés de Hazas de Cesto por Ugarte Gaubeca, empresa a su vez subcontratada para la ejecución de la obra por OHL. A pesar de tener dados de alta a 15 trabajadores, en las primeras vigilancias se constató que en la obra trabajaban más personas, todas ellas de nacionalidad china.
Además, se averiguó que todos ellos vivían junto a otros nueve trabajadores regulares, haciendo un total de 35 personas conviviendo en una casa alquilada por el empresario en Solórzano, en la que, por sus dimensiones compartían habitación hasta ocho o nueve personas.
Según apuntó el director territorial de la Inspección de Trabajo, los empleados chinos recibían un salario de entre 1.000 y 1.200 euros y el alquiler y la manutención iban por cuenta del empresario. Sánchez Grande precisó que la ley prevé multas de entre 6.000 y 60.000 euros por trabajador contratado sin permiso de trabajo.
Por otro lado, avanzó que la segunda fase de esta actuación consistirá en determinar si las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo eran las adecuadas; caso contrario, la responsabilidad caerá solidariamente en "todas las empresas" implicadas.
'FENÓMENO QUE VA A MÁS'
El jefe de la Brigada de Extranjería señaló que el fenómeno de la contratación de trabajadores irregulares en la construcción "va a más", y precisó que en Cantabria, las operaciones policiales desarrolladas habían dado como resultado detenciones "de un número pequeño" de 'sin papeles'. De hecho, en esta misma obra se detuvo a un trabajador irregular en el pasado mes de diciembre.
Por este motivo, la Jefatura Superior de Policía de Cantabria y la Inspección de Trabajo van a "intensificar la colaboración" con el objetivo de detectar más casos.
