LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha interpuesto una querella criminal contra varios miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León y funcionarios de la institución por elaborar y aprobar la memoria justificativa del cambio de gestión del Servicio Municipal de Aguas, que supone la externalización del 49 por ciento del servicio.
Concretamente, la querella se ha presentado contra el alcalde de León, Francisco Fernández; los concejales del PSOE y de la UPL que aprobaron la toma en consideración de la memoria justificativa y los autores de la misma, así como contra la vicesecretaria municipal que la informó favorablemente y contra los funcionarios "implicados" en el proceso.
Tras la lectura de la memoria y de las alegaciones presentadas a la iniciativa, Ecologistas en Acción opina que existen "ilegalidades administrativas", además "infringir", posiblemente, preceptos del Código Penal, según informó el grupo ecologista en una nota recogida por Europa Press.
Al respecto, precisó que se nombró a un equipo para redactar la memoria, cuyo contenido "manipula y falsea" el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, además del hecho de que se "ignoraron" las recomendaciones en él contenidas y se "obvió" la legislación que el propio informe indica de aplicación, de forma "consciente y deliberada".
Igualmente, explicó, se reguló la obtención de beneficios, que está expresamente prohibida en una tasa según la Ley de Haciendas Locales y, "pese al clamor social" existente en el municipio de León contra el cambio de gestión del agua, se aprobó inicialmente en el pleno celebrado el pasado día 17 de abril. Los citados hechos, precisó, pueden ser constitutivos de delitos, según el Código Penal, de prevaricación, falsedad documental y exacción ilegal.
Por este motivo, Ecologistas en Acción acudió al Juzgado de Instrucción de León para denunciar a las personas implicadas en vía penal por la pretensión de modificar la gestión del agua, "a sabiendas de la injusticia y el abuso que sufrirá la ciudadanía".
Todo ello sin perjuicio del recurso contencioso-administrativo que, junto a la Plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua, se interpondrá contra el acuerdo plenario que previsiblemente se adopte el próximo día 10 de julio, según explicó.
En este sentido aseguró que se ampliará la querella o se presentará otra contra el alcalde de León y los concejales que aprueben definitivamente, en el próximo pleno, la memoria justificativa para modificar la gestión del agua "por si surgieran nuevos indicios de criminalidad".