El ejecutivo catalán lleva al TC el decreto del Gobierno de FP dual por "invadir competencias"

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat catalana ha aprobado este martes llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto del Gobierno central de Formación Profesional (FP) dual por "invadir competencias", según ha anunciado el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs.

La Generalitat considera que el Real Decreto estatal que desarrolla el contrato para la Formación Profesional (FP) y el aprendizaje, regula aspectos organizativos de FP que no le corresponden, "tal como establece la jurisprudencia del TC dictada en diversas sentencias sobre esta materia".

La interposición de este recurso es el último paso después de que el Gobierno haya rechazado el requerimiento previo de incompetencia presentado por la Generalitat el 23 de noviembre, y después de que el Consejo de Garantías Estatutarias haya apreciado indicios de inconstitucionalidad en algunos artículos del real decreto.

El 21 de diciembre el Consejo de Ministros respondió al requerimiento, admitiendo que el Estado regula aspectos organizativos, pero que es "respetuoso con las competencias autonómicas en materia educativa".

Por ello, el Gobierno central manifestó que entiende que los preceptos cuestionados resultan constitucionales debido a que, si bien la Generalitat ostenta competencias ejecutivas en materia de educación y trabajo de conformidad con su Estatut, el Estado puede asumir competencias ejecutivas en estos ámbitos, de manera excepcional y bajo determinados supuestos.

La Generalitat cree que la norma española quiere regular el horario de estancia en las empresas, la periodicidad de las reuniones con las empresas, los proyectos pedagógicos e, incluso, el control de los alumnos hasta dos años después de finalizar su formación y prevé que estas medidas sean entendidas como normativa básica.

Tras criticar la invasión de competencias en los artículos 16.8, 22.2, 30.5, el 31.2 y la disposición final primera del real decreto, el Gobierno catalán ha tachado de "intromisión absoluta" que cuando una empresa colabore con la FP dual en dos comunidades distintas el proyecto educativo lo deba aprobar el Ministerio de Educación, y que, a la vez, el real decreto reclame que los proyectos estén vinculados directamente con el entorno de cada centro educativo.