Una experta dice que la situación creada por la inmigración puede resolverse con la Constitución, que es "intercultural"

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La catedrática acreditada de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, María Elósegui, aseguró hoy que la situación social creada en España ante la llegada de la inmigración se puede resolver con el modelo jurídico español actual ya que tanto la Constitución española como el resto de leyes propugnan un modelo "intercultural".

Elósegui, que acaba de presentar la obra 'Derechos Humanos y pluralismo cultural', explicó a Europa Press que hasta ahora en España ha habido "poca experiencia de la diversidad, salvo la regional", porque es un país "muy homogéneo", a pesar de lo cual "tenemos leyes suficientes para resolver las nuevas situaciones de mayor diversidad cultural, lingüística y religiosa".

A pesar de esta adecuada legislación, "nos falta una cultura de mayor respeto a la diversidad propia y la que proviene de la inmigración" ya que la diversidad existente hasta hora, la regional, "no se ve como algo enriquecedor, sino como un obstáculo, como algo que molesta".

La profesora ha analizado, para elaborar este trabajo, la realidad jurídica y social de países del entorno europeo, "que tienen una mayor trayectoria en el tratamiento legal de la diversidad" y ha llegado a la conclusión de que "en la Constitución española se expone un modelo jurídico intercultural".

Así, continuó la especialista, la Carta Magna establece unos valores comunes para todos los que viven en territorio español, que son los Derechos fundamentales, compatibles "con la protección del pluralismo cultural", que se concreta en un "marco de respeto", tanto a la propia diversidad española, "regional, lingüística y de Derecho foral", como a la "protección de la diversidad religiosa".

Elósegui advirtió de que la Constitución "también marca unos límites" ya que "se defienden unos valores que se van a exigir a todos, incluidas todas las personas que vienen a vivir a España", que son los Derechos fundamentales.

Esto supone que el Derecho español "excluye algunas prácticas o instituciones contrarias a los Derechos fundamentales, como costumbres contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres, o conductas que pongan en peligro el Estado de Derecho, como el racismo, la xenofobia y la violencia".