Expertos proponen regular la inscripción en España de menores nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada

Abuso de menores
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Publicado 09/10/2018 12:29:42CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) y la Fundación Garrigues han presentado una propuesta de reforma de la legislación española para regular la eficacia de la inscripción en España de los menores que hayan nacido en el extranjero mediante gestación subrogada.

En concreto, el Grupo de Trabajo sobre Gestación Subrogada creado por ambas fundaciones y formado por una veintena de juristas, médicos y académicos, plantea incluir un nuevo artículo 101 a la Ley de Registro Civil para que se garantice el "interés superior del menor" aunque en España no se permita la gestación subrogada.

"En el caso de la inscripción de títulos extranjeros que acrediten una relación de filiación constituida en el extranjero mediante gestación subrogada, la apreciación de la eventual contradicción con el orden público español deberá tener en cuenta necesariamente el respeto al interés superior del menor, tal y como éste aparece definido en los instrumentos europeos y convencionales en vigor en España", reza el precepto sugerido por el grupo de expertos.

Según han explicado, el objetivo de la reforma normativa se limita a la regulación de este tipo de situaciones, es decir, a la eficacia en España de relaciones de filiación derivadas del recurso a la gestación subrogada que hayan sido constituidas previamente en el extranjero por las autoridades locales y, más en concreto, a su eficacia registral en España.

En concreto, señalan que esta reforma sería "una obligación" impuesta por la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y analizan cuatro sentencias ante recursos sobre resoluciones de la Corte de Casación francesa.

Los expertos concluyen que "cualquier restricción a la inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada debe estar prevista por la ley" y que "las autoridades españolas no pueden denegar la inscripción de relaciones extranjeras derivadas de gestación subrogada amparándose en que la gestación subrogada 'per se' viola el orden público español".

Sobre este asunto, ponen de manifiesto la visión contrapuesta del Tribunal Supremo y de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN). Así, señalan que mientras "el TS considera que la gestación subrogada resulta contraria 'per se' al orden público español y por tanto debe rechazarse la inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero a partir de esta vía", la DGRN dejaría en manos de los encargados del Registro la "verificación en cada caso concreto" sobre si "la inscripción de la relación de filiación extranjera vulnera el orden público".

También se refieren a la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, según la cual "será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

Para los autores del documento, no se puede deducir del artículo 10 de esta Ley una prohibición de la gestación subrogada. Según puntualizan, el hecho de que una norma establezca la nulidad de los contratos de gestación por sustitución "no equivale necesariamente a que la celebración de tales contratos constituya una conducta prohibida". Además, señalan que no se establece ninguna sanción como ocurre en otros países.

En todo caso, precisan que no pretenden sugerir una reforma del régimen material relativo a la gestación subrogada previsto por el ordenamiento español para las situaciones internas de España.

Tras la elaboración del presente documento, se produjo una nueva ampliación de la vacatio legis de la Ley del Registro Civil, lo que supone que dicha norma no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2020. Con el objetivo de no demorar la aplicación de la norma propuesta hasta dicha fecha, los expertos sugieren dos alternativas: adelantar la entrada en vigor del nuevo artículo 101 o integrar la norma propuesta en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil.

El grupo de trabajo ha sido dirigido por el presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues Walker; la presidenta de Fide, Cristina Jiménez Savurido, y el Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense Pedro García Barreno. Además, han participado en la reflexión, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de La Vega; el vicepresidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, o el magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Antonio Salas, entre otros.

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