El objetivo de este sistema es compartir los costes de la educación entre estudiantes y el Gobierno
MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto introducir un sistema de préstamos contingentes a la renta o becas retornables para financiar las universidades públicas.
Esta es una de los conclusiones del trabajo de Antonio Cabrales, Maia Güell, Rocío Madera y Analía Viola publicado este lunes por Fedea, en el que analiza la factibilidad e implicaciones de este sistema con datos españoles.
La propuesta busca evitar que la universidad "sea un rehén de los ciclos políticos o de las propuestas populistas" y propone una idea "sencilla" en la que los graduados pagan su educación, si pueden, mientras que el Estado se limita a proveer un mecanismo de seguro si las perspectivas profesionales de los egresados no son suficientemente positivas.
Este sistema se utiliza actualmente en el Reino Unido, Australia, y Nueva Zelanda para financiar las universidades. Esencialmente consisten en aumentar las tasas universitarias, y ofrecer préstamos contingentes a la renta, que también se pueden llamar becas retornables.
El trabajo explica que esto quiere decir que hay un mínimo exento, y si los "deudores" no reciben una renta superior a este umbral no tienen que devolver nada del préstamo. En el Reino Unido este mínimo exento es de 21.000 libras.
Así, añade que el tipo de interés puede ser bajo, si se quiere (aunque un tipo de interés más elevado es un elemento clave de progresividad), y el pago es un porcentaje de la renta del individuo. Si pasado un período de tiempo, el prestatario no ha devuelto el dinero, el préstamo se cancela.
El objetivo de este sistema es, por un lado, compartir los costes de la educación entre beneficiarios y gobierno. "La educación tiene efectos externos, pero ninguna estimación que conozcamos sugiere que esos efectos externos son comparables al 80% que hoy en día sufraga el sector público. Pero también se comparten los riesgos", precisa el trabajo.
En este punto, la investigación señala que si la educación provista es de mala calidad, y el retorno es bajo, el coste lo asume el sector público.
"El sector público tiene un incentivo mayor para vigilar los grados de mala calidad. Un beneficio importante del sistema es que permite aumentar la financiación universitaria y desligarla del ciclo económico (como de hecho ha sucedido en el Reino Unido). Y además aumenta la progresividad de la financiación", afirman los expertos.
Para estudiar la viabilidad del sistema y sus posibles efectos, crearon un "laboratorio" virtual que permite analizar el impacto de distintos parámetros del modelo y sus efectos a lo largo de la vida laboral de los individuos. Con este fin, utilizaron datos de la muestra continua de vidas laborales (MCVL) para construir un modelo de las transiciones individuales entre empleo, no empleo, desempleo, y tipos de contrato y de la evolución de las rentas de los trabajadores que simula muy bien lo que sucede en España.
En el escenario base el trabajo supone una deuda de 21.000 euros (cercana al coste actual para el gobierno), un tipo de interés del 0%, una tasa de devolución del préstamo del 10% de la renta al año por encima del mínimo exento, una exención de 15.000 euros y que la deuda se cancela a los 25 años.
Con este sistema los expertos muestran que los que ganan menos prácticamente no pagan nada, y los que ganan más llegan a pagar hasta 15.000 euros debido al subsidio implícito en el tipo de interés del 0%. Después se puede examinar el impacto de muchas variaciones sobre el escenario base, incluyendo los efectos de mayores tipos de interés, niveles de exención, tasas de devolución o duración del préstamo.
Entre los resultados, destacan los siguientes: la estructura que propone es "altamente progresiva" en todas las especificaciones (los que están en el 25% de la parte superior de la renta pagan casi la totalidad de las tasas universitarias mientras que los que están en el 10% de la parte inferior apenas pagan); y la cantidad del coste universitario pagado por el Gobierno es entre 16 y 56 puntos porcentuales menos que en el sistema actual.
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