MADRID, 31 Jul. (OTR/PRESS) -
Por primera vez, España está en condiciones de cumplir los estándares comparados que garantizan una posición entre los países con un nivel adecuado de prestaciones de ayuda familiar, aunque es preciso seguir avanzando en políticas de apoyo a las familias, según las conclusiones de un estudio realizado por la Subdirección de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
El Gobierno dedicó un total de 15.814 millones de euros en ayudas a la familia, según datos facilitados hoy por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que considera que España "ya está en condiciones de cumplir los estándares europeos de apoyo a la familia". Granado apuntó en la presentación del informe que estas políticas suponen un 1,5 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, el gasto español en materia de protección y apoyo a las familias se situó en torno al 11% del salario medio por número de hijos menores de 18 años.
Para Granado, esta circunstancia debe dar respuesta "a la suficiencia demandada" por el Comité encargado de supervisar la Carta Social Europea, que España ratificó en 1988 aunque pesan observaciones sobre el cumplimiento del artículo 16 dedicado al derecho de la familia en relación con su protección social, jurídica y económica.
Asimismo, sostiene que con los datos actuales, España también ratificará el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Código Europeo de Seguridad Social en la parte relativa a prestaciones sociales.
SE PARTIA DE UNA SITUACION "PENOSA"
Octavio Granado reconoció que "partían de una situación penosa" en políticas de ayuda a la familia en 2004, una circunstancia que consideró superada. En este sentido, apuntó que estas políticas "son una inversión" para garantizar el bienestar social.
Según el estudio, las políticas desarrolladas por el Gobierno en materia de actualización y establecimiento de nuevas prestaciones, las medidas de profundización en la conciliación de la vida familiar y profesional, los beneficios fiscales y otro tipo de ayudas -además de las que facilitan las comunidades autónomas- nos sitúan en una posición más favorable en el contexto normativo internacional. El estudio no incluye las ayudas que prestan las corporaciones locales.
De los 15.814 millones de ayudas, 2.042.537.692 euros corresponden a prestaciones de la Seguridad Social; 1.408.330.000, a beneficios fiscales; 2.735.421.054, a medidas de ahorro fiscal, y 9.628.463.116, a otro tipo de ayudas como la renta mínima de inserción, las becas o las ayudas a la vivienda.
El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, informará al Consejo de Ministros con el objetivo de crear un grupo de trabajo interministerial, que elabore una versión definitiva del informe, e inicie los trámites necesarios para que España pueda ratificar los convenios o tratados internacionales que no había firmado o sobre los que pesaban observaciones, debido a la insuficiencia de nuestras políticas familiares. Como primera actuación, el Gobierno pedirá que se levanten las observaciones que pesan al respecto sobre España en la Carta Social Europea y solicitará la ratificación de la Carta Social Europea revisada.
El estudio presenta un catálogo actualizado y una estimación económica de las prestaciones que las familias españolas recibieron durante 2007 desde diferentes organismos del Estado e incluye también prestaciones facilitadas por las comunidades autónomas. Una vez realizado este catálogo lo contrasta con las exigencias de los principales instrumentos internacionales: Carta Social Europea, Carta Social Europea revisada, Código Europeo de Seguridad Social, Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Código Europeo de Seguridad Social revisado.
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