Afirma que se investigaron los supuestos malos tratos policiales tras un motín en el CIE de Aluche asegura que el sistema "funciona"
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha presentado alegaciones al informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) que tras una visita a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y Barcelona concluyó, entre otras observaciones, que la infraestructura les daba un "ambiente carcelario" que era conveniente relajar. En su misiva, el Ministerio del Interior argumenta que "es necesario" para evitar fugas.
"Las rejas de las ventanas, así como las existentes tanto en los pasillos como en las celdas se han instalado precisamente por ser consustanciales a la finalidad de facilitar la repatriación de los extranjeros; de ahí que elementos de contención pasiva como aquéllas sean necesarios, pues, como bien conocerá ese Comité, los intentos de fuga a fin de frustrar la repatriación no son pocos", explica la réplica del Ejecutivo.
Asimismo, recuerda que "un porcentaje bastante destacado de internos tiene antecedentes policiales o procede de Centros Penitenciarios, lo que hace que las medidas tendentes a evitar una posible fuga sean las estrictamente necesarias". "Además, en algunas ocasiones si el interno que se fuga posee antecedentes delictivos ello incrementa la peligrosidad de la fuga y genera riesgos adicionales", añade el texto.
En cuanto al resto de medidas que, conforme había señalado el Comité, contribuyen a crear un "régimen restrictivo", Interior reconoce su existencia y cita entre ellas las "limitaciones en el número de visitantes y horarios" y la "ausencia de visitas 'íntimas'", aunque dice que "se intenta que sean las mínimas posibles, o las imprescindibles para
asegurar el objetivo que tienen tales Centros".
En su contestación al CPT, Interior también se refiere a las alegaciones de malos tratos en los CIE recogidos por el informe del Comité y en especial a la "potencial violación" del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la que podría haber incurrido el Gobierno de España por no investigar unos supuestos malos tratos policiales acaecidos el 22 de mayo de 2011 durante un motín en el centro de internamiento de Aluche.
"Es rigurosamente incierto que no se haya llevado a cabo una investigación, máxime cuando la remisión de las diligencias practicadas a la autoridad judicial constituye la principal garantía de seguimiento y estudio de los hechos por parte de un órgano plenamente independiente", asegura el informe elaborado por el Ejecutivo.
Según explica, "ya se facilitó al Comité" un documento en el que se relataba "con detalle" la sucesión de acontecimientos, y se incoaban diligencias previas remitiéndolas posteriormente al Decanato de los Juzgados de Madrid. "Lo ocurrido el 22 de mayo fue, según los documentos obrantes en la entonces Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, una sucesión de altercados protagonizados por varios grupos de internos que derivó en un motín, motivo por el cual resultó preciso solicitar apoyo de las Unidades de Intervención Policial", reza el texto.
Interior argumenta que además, "se elevaron escritos a las instancias
superiores del Cuerpo Nacional de Policía exponiendo los hechos referenciados, por si hubiera que depurar, en su caso, responsabilidades disciplinarias" pero no se ha tenido conocimiento hasta la fecha "de pronunciamiento alguno, judicial o administrativo, que señale que la actuación llevada a cabo fuera incorrecta", y añade que "no se ajusta a la realidad que los funcionarios policiales profiriesen insultos raciales a los internos".
En cuanto a los supuestos malos tratos en el CIE de Zona Franca, sobre "denuncias creíbles de malos tratos en un cuarto pequeño utilizado como biblioteca para los varones detenidos", Interior señala que "no existe constancia de que algún interno hubiera recibido malos tratos por parte de los funcionarios" y afirma que la cámara ya ha sido instalada en esa dependencia. Tampoco hay constancia de que se dieran insultos racistas por parte de los funcionarios policiales.
Respecto a la denuncia de un excesivo uso de la fuerza, la respuesta española subraya que, "ante cualquier incidente violento provocado por algún interno, la respuesta policial siempre es congruente, oportuna y proporcionada a la utilizada por el interno, y el responsable policial que se halle de servicio informa siempre por escrito de los hechos y de las medidas tomadas, de lo que, posteriormente, se da traslado a la Autoridad Judicial correspondiente".
"Resulta inexacta la acusación de inactividad o la recomendación de poner en marcha mecanismos que en la actualidad ya funcionan, si bien no en todos los casos con el resultado de condenas penales o de sanciones por conductas que no incurren en ningún tipo de infracción legalmente prevista", concluyen las alegaciones del Ministerio del Interior.
El documento remitido al CPT recuerda además, la existencia de un "borrador" de reglamento para ordenar el funcionamiento de los CIE que recoge medidas como restringir el papel de los funcionarios policiales exclusivamente a las tareas de custodia y dejará el servicio sanitario bajo responsabilidad de un facultativo, entre otras mejoras.
