MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el secuestro de los tres cooperantes españoles que fueron interceptados en Mauritania el 29 de noviembre pasado, ha incorporado a la causa el comunicado de reivindiación difundido por la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), informaron este martes fuentes jurídicas.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de recibir una comunicación de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que le ponía al corriente de la existencia de este comunicado, que fue difundido el pasado 8 de diciembre por un portavoz de Al Qaeda que se identificó como Saleh Abu Mohammad.
El comunicante, que envió una grabación sonora a la televisión qatarí Al Yazira, reivindicó de esta forma el secuestro de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, miembros de la organización no gubernamental Barcelona-Acció Solidaria, y del ciudadano francés Pierre Camatte, que fue apresado en Mali.
"Dos unidades de los valientes muyahidines secuestraron a cuatro europeos en dos operaciones distintas; el primero ocurrió en Malí, donde el francés Pierre Camatte fue secuestrado el 25 de noviembre, y el segundo ocurrió en Mauritania, donde el 29 de noviembre fueron secuestrados tres españoles", señalaba el comunicado remitido a Al Yazira. "Francia y España serán informados posteriormente sobre las legítimas demandas de los muyahidines", añadía, sin más detalles.
Al día siguiente trascendió el texto íntegro del comunicado, que avanzaba la intención del grupo terrorista de ponerse en contacto "dentro de poco" con España y Francia para informarles de "las justas peticiones de nuestros muyahidines". "Les decimos a los cruzados y a todo aquel de vosotros que no cejaremos en nuestro empeño en combatiros y mataros y nos enfrentaremos a vuestros ataques para ayudar a nuestros prisioneros torturados en vuestras cárceles", agregaba.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 incoó diligencias previas el pasado 1 de diciembre para investigar el secuestro, al tratarse de un delito contra españoles cometido en el extranjero, que es competencia de la Audiencia Nacional en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Además, dictó el secreto de la causa para evitar la filtración y difusión de las diligencias que puedan practicarse a lo largo de la instrucción.
