La Junta andaluza defiende que su actuación en el caso de El Algarrobico "se ha ajustado al derecho en todo momento"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, defendió hoy, durante su comparecencia en el Parlamento Andaluz, que la Junta de Andalucía "se ha ajustado al derecho en todo momento en su actuación en el caso del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería)", cuya licencia municipal ha sido declarada nula recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.

Así, afirmó que "desde el primer momento la Junta ha dado la cara y ha contado cuál es la situación del proceso judicial que existe en torno al hotel" y recordó que ya el 10 de mayo del año 2006 el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, y la anterior consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, "se comprometieron públicamente a evitar la apertura de El Algarrobico y así ha sido".

Además, abundó, la Administración andaluza "también adquirió el compromiso de hacerse con la propiedad de el suelo sobre el que está construido el hotel, razón por la cual el 30 de octubre de 2006 ejerció su derecho de retracto, algo que no pudo hacer en años anteriores por ocultación por parte de la empresa de una compra-venta del suelo realizada previamente sin avisar a la Administración como exige la normativa legal de los espacios protegidos".

"Durante todo este tiempo, la posición de la Junta no ha variado, que es proceder con la totalidad de las garantías judiciales que exige el Estado de Derecho a demoler una instalación construida en una finca pública, que es lo que todos deseamos", indicó.

Asimismo, afirmó que la sentencia emitida el pasado 5 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería "da la razón a las pretensiones de la Junta y obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras concedida a la promotora de el hotel Azata del Sol en el año 2003". Además, apuntó, "la propia sentencia presume la nulidad de la licencia porque no se ajusta a la legalidad urbanística".

En este sentido, se mostró convencida de que es "difícil" que la Administración local pueda mantener la licencia porque la zona en la que se está edificando el complejo está considerad como de "especiales condiciones ambientales de uso, según el Plan Parcial del Algarrobico".

Este Plan Parcial, recordó la consejera, exigía una franja de protección entre zonas susceptibles de ser urbanizables y el dominio público marítimo de 50 metros, una distancia que los promotores "no respetaron".

ARCHIVADOS POR EL MINISTERIO FISCAL

Por otro lado, respecto a la presunta comisión de delito en la actuación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras que recoge la sentencia, la titular del ramo consideró que "en la literatura que adorna al fallo, no en el fallo mismo, el juzgador vierte una serie opiniones personales respecto a la actuación de la Junta que son absolutamente ajenas al objeto del recurso".

"El Gobierno andaluz no comparte estas opiniones, que no dejan de ser más que consideraciones y literatura. Tampoco, en un ejercicio de responsabilidad institucional, las vamos a rebatir, ya que algunas de las normas que en la parte dispositiva de la sentencia se consideran vulneradas, aún no han sido sometidas al conocimiento de los Tribunales competentes", apuntó.

Además, advirtió de que algunas de estas "opiniones gratuitas" realizadas por el juez que hablan de una "presunta comisión de delitos por parte de la Administración andaluza, han sido desechados en dos ocasiones, en 2005 y 2007, por el Ministerio Fiscal, el cual ha dicho claramente que "no hay reproche penal, falsedad, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio o contra la protección de los recursos naturales".

"ERROR CARTOGRÁFICO"

De otro parte, la titular del ramo quiso aclarar que cuando en el año 1994 se decidió ampliar el Parque de Cabo de Gata-Níjar con la incorporación de 3.500 hectáreas, dentro de las cuales se comprende El Algarrobico, la Consejería "incurrió en un error cartográfico que ya asumió y subsanó, por lo que no se puede deducir éste se produjera con una intencionalidad maliciosa de beneficiar a los intereses particulares de nadie".

Ante todo esto, Castillo aseguró que "nunca la Administración se ha cruzado de brazos ante esta situación y ha dado sobradas muestra de agilidad", al tiempo que ratificó que "hoy por hoy el hotel está parado y no queremos que siga en pie si es ilegal".

La diputada popular Arantxa Martín Moya criticó que "sólo ahora la Junta defiende que el hotel es ilegal, pues, hasta el momento, se han concedido a la empresa promotora todos los parabienes posibles, como la exención del pago de las tasas municipales por obras".

"Parece que todo el mundo tiene la culpa menos ustedes, pero tienen que reconocer que son los máximos responsables en este asunto", reivindicó. Además, aseguró que "no permitirá que los fundamentos de derecho de la sentencia sean calificados como opiniones personales o literarias, intentado minusvalorar su contenido".

Por último, pidió a la consejera que explicite "cuánto dinero nos va a costar a todos los andaluces sus errores en este caso" y que manifieste "si está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Carboneras vaya a recurrir la sentencia o le van a pedir responsabilidades políticas".

Asimismo, el diputado del Grupo Parlamentario IU-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, José Antonio Castro Román, recordó que su formación "ya ha pedido en numerosas ocasiones el cese de varios cargos de la Junta por la vergonzosa actuación que han tenido en este caso".

Igualmente, señaló su "sorpresa" ante la posición favorable del Gobierno andaluz a la demolición del hotel, ya que, en su opinión, "la Junta ha actuado con estrategias de dilación y de distracción en este proceso, en unos casos con falta de colaboración con la Justicia y en todos con la demonización permanente de la oposición social al proyecto".