Lanzan una plataforma creada tras el terremoto de Lorca para reducir los efectos de catástrofes naturales en municipios

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), así como del Ayuntamiento de Lorca y varias universidades españolas colaboran en apoyo al proyecto SGE 2.0, una plataforma creada con el objetivo de ayudar a prevenir el efecto que una eventual catástrofe natural podría tener sobre un municipio y coordinar los servicios de emergencia para reducir sus consecuencias, en caso de producirse.

El fundador de Nizetech, la empresa responsable de desarrollar la plataforma, Francisco Martínez, ha explicado que la iniciativa es fruto de su experiencia tras el terremoto que asoló el municipio murciano de Lorca en 2011. "En una situación de gran emergencia como esa se genera una gran cantidad de información que se hace muy difícil de gestionar y coordinar si no se dispone de un sistema adecuado", ha detallado.

Por ello, SGE 2.0 servirá, en primer lugar, para conocer mejor qué zonas de cada municipio son más vulnerables y disponer de fichas de cada finca o edificio sobre el terreno para coordinar los servicios de emergencia. Además, el nuevo sistema incluirá una 'app' móvil para que los ciudadanos comuniquen su situación a sus parientes y contactos en caso de "grandes catástrofes", según los responsables de la plataforma.

Además, de cara a la recuperación tras un evento de este tipo, la plataforma permite crear bases de datos con información sobre evaluaciones de daño, gasto de los municipios, donaciones y contribuciones económicas con el objetivo de organizar y mejorar la "resiliencia" de las ciudades.

El ICOG ha informado de que se hará una primera prueba del sistema SGE 2.0 a finales de este año en la localidad francesa de Niza mediante un simulacro de inundaciones y asegura que la empresa responsable "está en negociaciones con varios ayuntamientos y diputaciones provinciales para la incorporación de la plataforma a sus planes de gestión de emergencias". "El coste del sistema no debería ser un obstáculo, ya que estamos hablando de unos 18.000 euros para un municipio de entre 80.000 y 100.000 habitantes", asegura Martínez.