BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Marcia Gabriela Gasca Rangel, de nacionalidad mexicana y casada con un español, podría ser expulsada del país porque el apellido de su marido está mal escrito --Rafa por Raja-- en el Registro Civil de Vilassar de Dalt (Barcelona), donde la pareja se casó en 2002, según explicaron hoy ambos y el abogado del Col·lectiu Ronda que lleva su caso.
La joven se percató del error en enero de 2008 cuando fue a renovar el permiso de residencia al que tenía derecho por haber residido en España durante más de cinco años y se lo denegaron por la equivocación en el nombre. En la partida de nacimiento de Josep Lluis, su marido, también había el mismo error.
Ante la situación, la pareja acudió a la localidad para subsanar el fallo y un año y medio después siguen esperando una solución. Con la ayuda de su abogado, Sergi Santacana, interpusieron un recurso de alzada que fue desestimado. El 8 de octubre de 2008 presentaron otro un recurso contencioso administrativo y, mientras se resolvía, demandaron una medida cautelar para que Marcia pudiera trabajar, que también fue desestimada.
Debido a la lentitud del proceso, pidieron una autorización de arraigo que permitiera a Marcia trabajar y no ser expulsada del país al menos durante un año. La administración rechazó la autorización alegando que ella tenía derecho a solicitar la residencia permanente y que no podían concederle un permiso de menor rango.
Todo el proceso, calificado por Santacana como "kafkiano e incomprensible", ha ocasionado que la pareja sienta "total desconfianza hacia la administración, sensación de agobio y desesperación". La mexicana no puede salir del país, ni realizar ningún tipo de trámites ni trabajar. "Esto nos provoca un desgaste emocional que está a punto de desbordarnos", declaró la señora Romera entre lágrimas.
Marcia, que se siente "una ciudadana más" pero vive "como si no tuviera papeles", denunció también que sigue teniendo las obligaciones propias de cualquier ciudadano comunitario, como hacer la declaración de la renta, pero que se le han suspendido todos los derechos. De hecho, si la Policía le reclama la documentación y ella la presenta caducada, se abrirá un proceso de expulsión.
La joven llegó a España hace ocho años y en noviembre de 2002 contrajo matrimonio en Vilassar de Dalt (Barcelona). Se matriculó en la universidad, empezó a trabajar, solicitó una hipoteca para su casa y obtuvo la tarjeta de residencia comunitaria el 15 de enero de 2003 con validez por cinco años.
