Alertan de que la "falta" de informatización en juzgados impide conocer los procedimientos pendientes de un condenado
VALENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón Esteban Soláz y el presidente de la de Alicante, Vicente Magro, consideraron hoy de "necesario" la elaboración de un programa a nivel nacional que permita igualar las actuaciones en todas las comunidades autónomas sobre aquellas personas a las que se les haya sustituido la pena de prisión por hacer trabajos en beneficio de la comunidad o planes de reeducación, entre otros.
Así lo indicaron hoy Soláz y Magro en una rueda de prensa, en la que también estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y donde presentaron el 'Manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alternativas a la prisión: suspensión, sustitución y expulsión'.
Vicente Magro recordó que hace algún tiempo, la sala de Gobierno del TSJ reclamó a las instituciones nacionales que articularan un plan extensivo a todas las comunidades autónomas para "homogeneizar" los supuestos de aplicación de trabajos sustitutivos por cárcel a los penados, sobre todo, en lo relativo a delitos relativos a la violencia de género o a la seguridad vial.
Explicó que las penas "están muy bien tipificadas" en la legislación pero, sin embargo, "existe un problema nacional a la hora de adoptar medidas alternativas a la prisión". Así, mientras los jueces de Cataluña o Galicia actúan de una manera, los de la Comunitat Valenciana lo hacen de otra distinta, algo a lo que "se le debe poner remedio".
Asimismo, apuntó que este programa tendría que acompañarse de fondos económicos y de una "mayor implicación" por parte de todos los ayuntamientos, para que "colaboren" en el seguimiento de los trabajos de los penados y respondan, así, a las "llamadas tanto de los juzgados como de los servicios sociales penitenciarios".
A este respecto, subrayó que la Comunitat Valenciana es "pionera" a nivel nacional en insistir en la adopción de medidas complementarias a la suspensión de la pena de cárcel y, en este sentido, la Conselleria de Justicia "está trabajando mucho" pero, sin embargo, los jueces deben basarse en leyes nacionales, "lo que conlleva una necesidad de igualdad de aplicación entre autonomías".
"Debe existir --agregó-- un patrón para organizar a nivel judicial la obligación de penados a desarrollar planes formativos en lo relativo, por ejemplo, a violencia de género o seguridad vial", o a "acudir a centros de rehabilitación o desintoxicación cuando se ha cometido algún robo y el autor tiene problemas con las drogas".
En su opinión, la cárcel "no soluciona todos los problemas", en concreto, dijo, la prisión para penas de entre seis meses y un año "no es muchas veces la solución", sino que es más conveniente sustituirla por reeducación para "delincuentes primerizos" con el objetivo de que "no vuelvan a delinquir".
Junto a esta "disfunción" en cuanto a multiplicidad de criterios, Esteban Soláz aludió al "problema" de la no informatización de los juzgados, lo que impide conocer los procedimientos pendientes de una persona que ha sido penada y sobre la que se plantea suspenderle o sustituirle la prisión. Así, de conocerlos, "no se dejaría libre al reo", matizó.
En este sentido, Juan Luis de la Rúa apostó por la conexión en informatización de los juzgados, "no sólo en relación a penados, sino también en cuanto a presos preventivos y requisitoriados". A su juicio, la informatización "permitirá mejorar la relación de todas las condenas".
FÓRMULAS PARA EJECUCIONES
Tanto la "falta" de informatización como la diversidad de criterios en la aplicación de medidas sustitutivas de la cárcel son cuestiones planteadas "hace tiempo" en la sala del Gobierno del TSJ. Como consecuencia, hace unos ocho meses, Soláz propuso a Magro la elaboración de un manual, el primero de toda España, con fórmulas para facilitar el desarrollo de la ejecución de sentencias y la unificación de criterios.
Este manual, de carácter práctico, contempla medidas para la suspensión, sustitución o expulsión de inmigrantes. Se remitirá tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Ministerio de Justicia, para que, si así quieren, lo repartan entre los secretarios judiciales y a los jueces. Por su parte, desde la Conselleria se han comprometido a repartir el libro por todos los juzgados de la Comunitat, indicó De la Rúa.
Por otro lado, preguntado al presidente del TSJCV por su opinión sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Régimen Económico Matrimonial, indicó que no quería valorarlo porque es un "problema constitucional" y el que "debe" intervenir es el Tribunal Constitucional y determinar si la Comunitat "tiene competencia jurídica para revitalizar un derecho que desapareció".
