LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 25 Oct. (OTR/PRESS) -
Ya ascienden a doce las personas detenidas en la 'operación Brisan' contra la corrupción política en el Ayuntamiento grancanario de Santa Brígida en la que el martes fueron arrestados tres ex alcaldes de esta localidad, así como tres técnicos municipales y un empresario. Estos primeros detenidos fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla. Y mientras se dilucidaba la situación de los anteriores, el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil detuvo ayer a otras cinco personas más en el marco de una operación en la que el alcalde del municipio, Lucas Bravo de Laguna, del PP, sigue en el punto de mira de la Justicia.
En el marco de la 'operación Brisan' fueron detenidos el martes los ex alcaldes del PP Carmelo Vega, Antonio Díaz Hernández y Luis Troya, ex concejal de Vías y Obras y primer edil accidental, así como tres técnicos municipales, Jacinto Hernández Álvarez, Santiago Hernández y Antonio Ventura Rodríguez. Además, en la noche del martes fue detenido el empresario Pedro Morales Denis, que regresó voluntariamente de Barcelona donde se encontraba de viaje familiar, propietario de la Ferretería Las Casillas, local donde los agentes se incautaron de diversa documentación y que está siendo investigado por presuntas operaciones ilícitas.
Todos ellos quedaron ayer en libertad con cargos, aunque deberán comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y las veces que sean citados, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De esta forma, el ex alcalde de Santa Brígida Carmelo Vega Santana cuenta con cargos por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, mientras que al también ex regidor de este Consistorio Antonio Díaz Hernández se le imputan los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Respecto al ex teniente de alcalde en esta localidad Luis Manuel Troya Ramírez, se le imputa prevaricación, malversación, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. A Santiago Hernández Suárez, técnico municipal, el juez le achaca delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; mientras que a Antonio Ventura Rodríguez, empleado municipal, le vincula con otros de malversación de caudales públicos y falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
Además, Jacinto Hernández Álvarez, técnico municipal, deberá hacer frente a delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Por último, el empresario Pedro Morales, detenido a última hora de ayer, está imputado de malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
NUEVOS ARRESTOS
Mientras los arrestados del martes comparecían ante el juez de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene el secreto de sumario sobre el caso, el ECO de la Guardia Civil efectuaba otras seis detenciones, con lo que ya son 12 los arrestados en esta operación contra la corrupción política.
Los últimos detenidos son Rosa Troya Ramírez, empleada de la mencionada Ferretería, que explota su hermano Luis Troya; Esteban Santana Santana, antiguo chófer de la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento -que fue despedido y condenado tras ser sorprendido robando gasolina del almacén municipal-; Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez; Salvador Gil Dávila; y Santiago Alvarado Alonso, hermano de la esposa del ex alcalde Carmelo Vega, jubilado y apoderado de la empresa familiar de hostelería que explota actualmente el ex edil y que también está siendo investigada por los agentes de la Guardia Civil.
EN EL PUNTO DE MIRA
Según informaciones de medios canarios recogidas por OTR/Press, el actual alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, del PP, está en el punto de mira de la Justicia, toda vez que ocupó la Concejalía de Hacienda en la anterior legislatura, departamento en torno al cual giran las investigaciones de la Guardia Civil. En este sentido, Victoria casas, concejal de CC en el Ayuntamiento, aseguró que la 'operación Brisan' se inició a raíz de una denuncia que presentó ella en 2004 por las irregularidades del Consistorio ante el Tribunal de Cuentas.
Esta denuncia provocó la imputación de todos los consejeros del Tribunal, ya que, aún habiendo hallado hechos delictivos no lo llevaron ante la Justicia. Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil investigan, según medio canarios, las compras de material realizadas por el Consistorio a la ferretería propiedad de Pedro Morales y que en la actualidad explota Luis Troya, así como la celebración de diversos actos lúdicos y festivos de carácter oficial en las instalaciones de restauración de las que es propietario el ex alcalde Carmelo Vega y cuyo apoderado es Santiago Alvarado Alonso.
Por otro lado, el abogado de Carmelo Vega, José Vicente Reig, informó a la salida del Juzgado de Instrucción número 1 de que su cliente declaró ante el magistrado "la verdad" y sin que se pusieran "obstáculos para que dijera lo que tenía que decir". El letrado aseguró que el ex alcalde "está colaborando con la Justicia" y por eso deseó que quedé en libertad, y más teniendo en cuenta que "su estado de salud es muy delicado" ya que "necesita pronto un trasplante de hígado".
