El fiscal mantiene 7 años de internamiento para la madre de la menor que padece un trastorno mental leve y eleva a 10 años la pena de cárcel para el presunto agresor
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las peritos que han reconocido a la menor que sufrió presuntamente abusos sexuales delante de su madre en el verano del año 2001, mientras ésta mantenía relaciones sexuales con su compañero sentimental en la costa de Santa María de Guía (Gran Canaria), aseguraron hoy a los medios al término del juicio que el testimonio de la niña es "creíble".
Así lo manifestaron de hecho durante el juicio celebrado hoy a puerta cerrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el que el fiscal Javier Ródenas mantuvo una pena de siete años de internamiento en un centro cerrado para J.T.R., la madre de la niña que en distintas ocasiones durante los meses de verano del referido año y acompañada por J.M.M. y J.J.C.G --ambos también procesados--, llevaba a su hija, entonces de cinco años de edad, a un cuarto abandonado localizado en la playa de Roque Prieto, donde la pequeña sufrió graves abusos.
Todo ello ocurrió, según el fiscal, sin que la madre de la niña hiciera "nada por impedir que estos hechos ocurrieran" e "incluso llegó a amenazar" a su hija con pegarle si le contaba algo a su padre. Y en presencia del también acusado J.M.M., quien "pudiendo haber evitado estos hechos tampoco lo hizo".
NO SABE POR QUÉ SU HIJA NO QUIERE VERLA.
Sin embargo, la madre de la menor declaró a los medios al término del juicio que llevó a su hija a la playa acompañada por J.M.M. porque el padre de la niña estaba trabajando, al tiempo que aseguró que "nunca" ha visto al acusado "tocar" a su hija.
"Nunca vi como nadie abusaba de mi hija delante de mí porque eso yo no lo hubiera permitido", agregó J.T.R., que añadió que su hija, que está bajo custodia de una tía materna, no quiere verla y no sabe "por qué".
Por su parte, las médicos forenses que reconocieron a la niña destacaron que el testimonio de ésta es "creíble" por "el vocabulario que usa, cómo lo cuenta, lo sitúa perfectamente en un espacio, en un lugar, da detalles y no es sugestionable".
Así, en su opinión, su relato es "bastante completo y detallado, con detalles inusuales y difícil de manipular". Resaltaron, a su vez, que entrevistaron a la niña cuatro años después de los hechos y mantiene su testimonio.
De este modo, la prueba pericial "da credibilidad a que el hecho era con alta probabilidad vivido y que no obedecía ni a fantasía ni que estaba inducida por nadie y dan fe de ese hecho a la vista de lo relatado por la niña y de los síntomas que tenía y era como que realmente lo había vivido", apuntó el fiscal Javier Ródenas.
LA MADRE PADECE UN RETRASO MENTAL LEVE.
De otro lado, según los forenses, la madre padece oligofrenia o retraso mental de leve a moderado. Así, "tiene una alteración psicológica, es una persona fácilmente influenciable y manipulable y tiene dificultad en tomar sus propias decisiones", según la médico que la reconoció.
En este sentido, apuntaron que la madre "sufre una alteración de sus capacidades tanto cognitivas como volitivas en función a la oligofrenia que sufre", y "su capacidad para conocer y querer está mermada en un 50%", añadieron las mismas fuentes.
Por ello, la Fiscalía mantuvo para J.T.R. por el presunto delito de abuso sexual agravado continuado el internamiento en un centro cerrado adecuado a su padecimiento hasta un máximo de siete años, inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad durante seis años de la niña y la pena de 6 meses de prisión por el delito continuado de exhibicionismo.
El fiscal modificó su escrito de conclusiones y elevó de 9 a 10 años de prisión a J.J.C.G. por el presunto delito continuado de abuso sexual agravado; mientras que para J.M.M. mantuvo su petición de un año de cárcel por exhibicionismo y una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros por el delito continuado de la omisión del deber de impedir delitos.
Solicitó también que se prohíba a J.J.C.G. y a J.T.B. aproximarse a la niña y comunicarse con ella durante un período de 10 años y a J.M.M. idéntica prohibición por un período de cinco años. Además de las penas privativas de libertad, el fiscal pide que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 60.000 euros por los daños y perjuicios morales causados.
Por su parte, las defensas de los tres inculpados piden la absolución para ellos, quienes "niegan" los hechos por los que se les acusa. En concreto, el abogado de J.J.C.G. indicó que la acusación pública aumentó a diez años la pena de cárcel para su cliente "teniendo en cuenta la edad de la menor", que hoy tiene 12 años.
