PP dice que los ayuntamientos "tienen que cumplir la ley" y empadronar "sin establecer diferencias" entre personas

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este sábado que los ayuntamientos "tienen que cumplir con la Ley y empadronar sin establecer diferencias de si las personas son extranjeras, no extranjeras, son legales o ilegales".

   El portavoz se pronunciaba así, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ante la polémica surgida por los criterios de empadronamiento que se implantarán en el Consistorio de Vic y por los que ya funcionan en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

   En este último caso, la Administración local exige desde 2008 a las personas no comunitarias que quieran empadronarse "el permiso de residencia y, en caso de carecer de él, copia y original del pasaporte en vigor en el que no conste el visado de turista".

   Desde su punto de vista, lo que pretende hacer con ello el Ayuntamiento de Torrejón es "controlar de alguna forma el abuso que se venía produciendo en materia de empadronamiento en pisos pateras". En este sentido, especificó que esto ya ocurre en "numerosos" ayuntamiento de distintas provincias españolas "especialmente donde  existe una presión masiva de inmigración y donde ha existido un abuso a la hora de empadronar a determinadas personas".

   Hernando entiende que las condiciones para empadronar "son competencia de los ayuntamientos" por lo que, siempre que sean "de sentido común", serán legales. Ahora, insistió en que "lo que no es legal es establecer discriminaciones en base a que una persona sea de origen extranjero o no". "Eso es lo que no permite la Ley", sostuvo.

   Sobre las denuncias planteadas sobre este asunto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por el Defensor del Pueblo e incluso por colegios de abogados, el 'popular' indicó que serán los tribunales los que aclaren si las normas de empadronamiento de Torrejón se ajustan a la legalidad, al tiempo que indicó que la Comunidad de Madrid tendrá que velar por que "se cumplan y se respeten las normas".

   El portavoz de Inmigración del PP aseveró que el problema de inmigración ilegal ha sido "favorecido e incentivado" por parte del Gobierno central "a través de la legislación Caldera, el efecto llamada y las regularizaciones masivas".

   Asimismo, consideró que los ayuntamientos están sufriendo una carencia de recursos, razón por la que se sienten "presionados" por sus ciudadanos a la hora de prestar los servicios sociales necesarios. "Se ven en una situación en la que no tienen recursos ni financiación suficiente", agregó.

LA INMIGRACIÓN MASIVA, "MOLESTA"

   Al ser preguntado por si es de los que pensaba que la inmigración es "molesta", Hernando subrayó que cuando ésta es masiva "sí" y, en este punto, recordó las palabras del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cuando era alcalde L'Hospitalet.

   "El señor Corbacho cuando era alcalde de L'Hospitalet no sólo dijo eso, sino que dijo una cosa peor: que la llegada de inmigrantes lo que provocaba era inseguridad ciudadana en L'Hospitalet. Eso sólo un año antes de ser ministro de Trabajo e Inmigración", apuntó.

   A su juicio, es "de sentido común" que la llegada masiva de personas a los municipios, "sean extranjeros o no extranjeros", se acaba convirtiendo "en un problema para un ayuntamiento", especialmente en momentos de crisis como el actual.

   "Creemos que hay que ordenar mejor los flujos de inmigración, que hay que debatir sobre este tema sin criminalizar a nadie y sin determinar que si los límites los establece un Ayuntamiento de derechas es porque es un xenófobo y si lo hace uno de izquierdas es porque el pobre tiene problemas y tiene que atender a sus ciudadanos", argumentó.

   Hernando manifestó que el Gobierno central "tiene que cumplir la Ley", lo que supone luchar contra la inmigración ilegal y "expulsar y devolver a sus países a los inmigrantes ilegales".

   Por ello, insistió en que mientras no se ataque el origen del problema, habrá alcaldes que intenten "resolver de forma aislada y sin coordinación con el resto de sus ayuntamiento vecinos o del conjunto del Estado" sus problemas. "Al final estaremos trasladando la pelota, el problema, de un sitio a otro", apostilló.

   "El Gobierno tiene la responsabilidad. No se puede estar diciendo que el objetivo principal de la política de Inmigración de la Unión Europea en estos seis meses de Presidencia es la lucha contra inmigración ilegal cuando en nuestra legislación la autóctona, la propia del país, favorece que la gente prefiera llegar ilegalmente a hacerlo legalmente a España", concluyó.