MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que los representantes de las asociaciones judiciales comparezcan en el Congreso para que expliquen los motivos de sus movilizaciones, que incluyen un acto reivindicativo en febrero y una jornada de huelga en junio, pero también para que escuchen la opinión de los grupos parlamentarios como representantes de la soberanía popular.
Así lo justificó el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, tras registrar las peticiones de comparecencia ante la Comisión de Justicia de los principales representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y Unión Judicial Independiente (UJI), las cuatro asociaciones que se han sumaron en bloque a las movilizaciones.
Las solicitudes se fundamentan en el artículo 44.4 del Reglamento del Congreso, que habilita a las comisiones a recabar la comparecencia de las personas que considere competentes "a efectos de informar y asesorar" al Parlamento.
LO QUE PIDEN DEPENDE DEL PARLAMENTO
Según explicó, el escrito de las asociaciones judiciales que recopila sus reivindicaciones para evitar la huelga está estrictamente relacionado con el Parlamento, que es la única institución capaz de darlas respuesta. "Nada de lo que piden puede resolverse sin permiso del parlamento", apostilló.
Citó por ejemplo la primera de las medidas exigidas, la puesta en marcha de la Oficina Judicial, y recordó que el Gobierno remitió su proyecto al respecto y hay abierto un plazo de enmiendas hasta febrero para posibles modificaciones.
Las peticiones del PSOE habrán de ser calificadas por la Mesa del Congreso y, si pasan ese filtro, se derivarán a la Comisión de Justicia, que será la que ponga fecha y convoque a las asociaciones. En cualquier caso, no será antes de febrero, cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones.
Jáuregui admitió que los representantes de las asociaciones no están obligados legalmente a acudir a la cita, ya que no se trata de cargos públicos ni su presencia se enmarca en una comisión de investigación, pero recalcó que, si no comparecen, deberán explicar a la sociedad por qué lo hacen.
NO ESTÁ EN RIESGO LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Quiso dejar claro que la pretensión del PSOE no es someter a los jueces a control parlamentario, pues recordó que no hay amenaza alguna para la independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. Ahora bien, recalcó que la convocatoria de huelga por parte de las asociaciones judiciales no es un acto jurisdiccional.
"Que nadie vea otra intencionalidad --proclamó--. Nadie va a perturbar la independencia del Poder Judicial en su ejercicio jurisdiccional, pero desliguemos esa independencia de la convocatoria de huelga por parte de una asociación de jueces".
Por ello, Jáuregui animó a las asociaciones judiciales a aprovechar "la extraordinaria oportunidad" de colocar sus reivindicaciones en el centro político acudiendo a la Cámara, y así podrán también escuchar a los grupos parlamentarios, que son los representantes de la soberanía popular. Destacó que esa oportunidad no la dan las Cortes a cualquier colectivo.
Aseguró que el Grupo Socialista, igual que acaba de pedir la presencia de Iberia para hablar del caos de Barajas, confirma con estas nuevas peticiones su intención de ampliar el campo de comparecientes en el Congreso para hacer más ágil y atractivo el papel del Parlamento, en línea con lo que ocurre en otros países.
En cuanto a si los jueces pueden o no secundar una huelga, el dirigente socialista declinó entrar en polémicas en la esperanza de que no se llegue a concretar la amenaza de las asociaciones prevista para junio.
HUELGA DERIVADA DE UN DERECHO PROHIBIDO A JUECES
Eso sí, comentó la paradoja que supone que un poder del Estado como el Judicial se declare en huelga contra el Estado, además siendo precisamente el encargado de la asumir la función arbitral en caso de discrepancias en el desarrollo del ejercicio del derecho de huelga.
Además, recordó que el ejercicio de la huelga viene derivado del derecho de sindicación, que está expresamente prohibido a los jueces en la Constitución.
Y en el caso concreto de esta huelga, llamó la atención sobre la "sospechosa coincidencia" que supone la convocatoria con la reciente polémica por la sanción al juez del 'caso Mari Luz'. "Siendo el documento (de reivindicaciones) ajeno al incidente, la coincidencia es curiosa, por no decir sospechosa", añadió.
