Refinería No detecta una decena de "irregularidades" en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Huelva

MÉRIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana Refinería No ha detectado hasta una decena de "irregularidades" e "ilegalidades" en el procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto industrial proyectado por el Grupo Gallardo, y que actualmente se encuentra en periodo de alegaciones.

Así lo aseguró hoy el portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, Leonardo Clemente, en una rueda de prensa que ofreció en Mérida y en la que mostró su convicción en que estas "irregularidades" que a su juicio presenta el proyecto buscan "descaradamente minimizar la posibilidad y el derecho que la ciudadanía tenga un acceso libre a la participación pública".

En su intervención, Clemente fue desgranando algunas "irregularidades", como que muchos ciudadanos están sufriendo "dificultades hasta ahora insalvables" para acceder al proyecto cuando, según recordó, en la actualidad el plazo de presentación de alegaciones, que es de 30 días, está en su ecuador.

La segunda de estas "irregularidades" que enumeró el portavoz de la plataforma es la "imposibilidad de fotocopiar, fotografiar o sacar de la Subdelegación del Gobierno el Estudio de Impacto Ambiental", así como la negativa que han recibido, para proporcionarles este estudio en formato digital, aseguró Leonardo Clemente.

Aseguró además que los proyectos facilitados a "algún ayuntamiento", que son los que la plataforma está actualmente utilizando, "carecen de los dos tomos más significativos", que son los que se refieren a la infraestructura del proyecto técnico de refinería y a la construcción del oleoducto.

La quinta "irregularidad" que presenta este proyecto, a juicio de Clemente, es que "el proyecto está disperso", algunos capítulos están en Andalucía y otros en Extremadura, "cuando la evaluación de impacto ambiental, por ley, ha de ser globalizada", dijo. Añadió además, que "algunos capítulos no están en castellano".

Aseguró que la denominación del proyecto ha cambiado "con respecto al que se inició en la fase inicial de consulta", con lo que mostró sus dudas acerca de que "las alegaciones pudieran ser invalidadas intencionadamente", dijo.

NEGATIVA A AMPLIAR EL PLAZO.

Clemente lamentó además que la administración ha negado la ampliación del plazo de presentación de alegaciones, "que ha quedado reducido al mínimo de 30 días establecido por la ley", y en ese sentido recordó que el antiguo gabinete de Cristina Narbona "adquirió con la plataforma el compromiso de iniciar los trámites para que el plazo fuese, al menos, de seis meses".

Añadió en este sentido que en este plazo de 30 días, los sábados cuentan como hábiles, cuando la Subdelegación del Gobierno está cerrada y por tanto no se puede consultar el proyecto.

La "novena irregularidad" enumerada por Clemente se refiere a que el consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero, es titular del proyecto, cuando "está inhabilitado por sentencia judicial a no ostentar cargos en proyectos industriales susceptibles de causar daños ambientales", dijo.

Finalmente, el portavoz de la plataforma aseguró que en la actualidad se están llevando a cabo "nada menos que cinco procedimientos de manera simultánea sobre Refinería Balboa", unos procesos en los que "tendría que participar en el plazo de un mes cualquier ciudadano que se opusiese a la instalación de la refinería".

El portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No apuntó a una serie de leyes y directivas en las que está reflejado "el incumplimiento de la legislación" en los diez puntos que mencionó anteriormente. En concreto, se incumple la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información a la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

También mencionó Clemente la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, además del Convenio de Aarhus, que según explicó, defiende "el papel que los ciudadanos y organizaciones tienen en la preservación del medio ambiente", así como el convencimiento que en "un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permite tomar mejores decisiones".

FALTAS A LA JUSTICIA.

Ante esta situación, Clemente recordó que a pesar de que en sus más de tres años y medio, la plataforma siempre ha estado "vigilante para que no hubiese ningún tipo de irregularidad en el proceso administrativo", lamentó que "en todo este tipo han sido más las faltas a la justicia por parte de los promotores, incluida la Junta de Extremadura, que el cumplimiento con ella".

Señaló que la situación vivida durante este tiempo "alcanza ahora su culmen" tras comenzar el procedimiento administrativo del Estudio de Impacto Ambiental, un momento en el que "deberían de estar garantizados la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental", pero sin embargo, lamentó Clemente que se ha llegado a una situación "escandalosa".

Aseguró que desde el principio de este proyecto "se ha intentado ocultar la información a los extremeños, en muchos casos se ha manipulado y en otros se ha perseguido el ejercicio a la libertad de extremeño", dijo.

Ante esta situación, Leonardo Clemente destacó que el próximo martes la plataforma celebrará una nueva asamblea, en la que determinará las "medidas oportunas" a tomar, ante estas "tremendas irregularidades y este déficit al acceso a la información pública".

"Si se nos quiere tomar por pitorreo en un tema tan serio, nosotros vamos a tomar todas las medidas oportunas, que pueden ser denuncias, o contenciosos-administrativos, todo lo que haya que hacer", concluyó.