El Senado insta al Gobierno a promocionar en Europa la creación de estándares internacionales de protección de datos

Actualizado: miércoles, 28 abril 2010 13:59


MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción del PP por la que se insta al Gobierno a aprovechar la Presidentencia Europea para promocionar la creación de unos estándares internacionales de privacidad y protección de datos.

La moción es consecuencia de una petición de la Agencia Española de Protección de Datos, que solicitó a las Cortes Generales la puesta en marcha de la llamada 'Resolución de Madrid', que nació en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad celebrada en Madrid en noviembre.

Durante la defensa de la moción, la portavoz adjunta del PP en el Senado, Rosa Vindel, indicó que "un derecho vale lo que valen sus garantías" y pidió que la utilización de datos personales se guíe por los principios de lealtad, legalidad, proporcionalidad, calidad, transparencia y responsabilidad. También reconoció la necesidad de que existan autoridades de supervisión en todos los estados, y que entre ellos sean capaces de establecer mecanismos de cooperación y coordinación.

La 'Resolución de Madrid' establece, como regla general, que podrán realizarse transferencias internacionales de datos personales, siempre que al estado al que se transfieran los datos ofrezca, al menos, el nivel de protección previsto en el documento, o cuando quien pretenda transferir los datos garantice que el destinatario ofrecerá el nivel de protección requerido, a través de las cláusulas contractuales apropiadas.

Para la portavoz adjunta del Grupo Popular, este "no es un asunto menor". "La globalización, la complejidad de los sistemas informáticos, los perjuicios derivados de la mala utilización de unas tecnologías cada vez mas avanzadas y potentes, requieren de una respuesta rápida y adecuada que garantice el respeto al derecho a la privacidad", señaló, al tiempo que recordó que "la privacidad" es un derecho recogido por la Constitución Española y también por el Tratado de Lisboa.