BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, solicitó hoy "más autocontrol y una aplicación normativa más estricta" en las cárceles catalanas, tras destacar las quejas que durante 2007 recibió por posibles malos tratos y rigor innecesario en las prisiones de Catalunya hacia reclusos, según afirmó durante la presentación del informe del Síndic de 2007 que fue entregado hoy al Parlament.
En el informe, asegura que "no se trata de hechos puntuales, sino de situaciones recurrentes", denunciadas reiteradamente en los módulos III, IV y el departamento especial de Can Brians 1, y añadió que las quejas denuncian malos tratos o rigor innecesario en la aplicación de normas dentro de los centros, lo que supone "un trato contrario a la dignidad de la persona". Por esta razón, Ribó propuso la instalación de cámaras de vigilancia en lugares donde no se atente contra el derecho a la privacidad del preso y dentro de los controles necesarios.
En total, el Síndic recibió unos dos centenares de quejas sobre cárceles, de las cuales entre 15 y 20 se refirieron a malos tratos. El Informe apunta que estas actuaciones se refieren a la forma de realizar los registros y su frecuencia, comentarios y actitudes de burla, amenazas, provocaciones, distorsión de hechos y actitudes pasivas de funcionarios, entre otras.
Durante 2007, el Síndic realizó 21.794 actuaciones, lo que supone un aumento del 10,4% respecto a 2006. Del total, 5.299 fueron quejas, 96 actuaciones de oficio y 16.399 consultas. En general, atendió el año pasado a 37.347 personas, 8.166 más que en 2006, lo que supone un aumento del 30%.
Las quejas más reiterativas fueron las referidas a la administración pública, que supusieron un 22,40% del total, seguidas de las de urbanismo y vivienda, con un 11,98%, seguridad ciudadana, con un 11,61%, y medio ambiente, con un 9,57%, entre otras materias.
"RETRASOS EXCESIVOS" DE LA ADMINISTRACIÓN.
Ribó lamentó las "carencias y retrasos excesivos" de las administraciones ante quejas de usuarios a la hora de resolver las situaciones en las que presuntamente se han vulnerado derechos e "inactividad" de las mismas en algunos casos.
Además, constató el "grado de desorientación" de los ciudadanos ante algunas gestiones y solicitó a las administraciones que no exijan documentos o certificados que ya tienen. "Pedimos que den respuestas mucho más claras y ágiles", afirmó.
Explicó que la media de tiempo total para tramitar las quejas es de seis meses, unos 171,09 días, de los cuales 153,43 corresponden a la Administración y 67,91 a las gestiones del Síndic. Por su parte, cuando éste solicita más información a los interesados, éstos tardan una media de 93,08 en aportarla.
Ribó ejemplificó estos retrasos en las actuaciones derivadas de la Ley de la Autonomía Personal y de la Dependencia, campo en el que el informe expresa su "disconformidad" por los retrasos en las valoraciones y en hacer efectivas las ayudas. Además, señaló la lentitud de algunos ayuntamientos a la hora de detectar falsificaciones en los empadronamientos a la hora de escolarizar a sus hijos, hecho que favorece "a la segregación".
Ribó solicitó también una "explicación pública y transparente para saber porque el sistema ferroviario catalán ha tenido tal cúmulo de problemas", una explicación que aseguró que el Síndic de Greuges recibió en una reunión con la dirección de Renfe de Catalunya y que lamentó que no haya llegado a la población. Aseguró que la compañía se comprometió a estudiar "uno por uno" los casos de queja que ha recibido.
Otros de los campos en los que el Informe del Síndic de Greuges hace hincapié son las "carencias" en la atención de salud mental, los problemas de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad, las quejas derivadas por la contaminación acústica y los procesos de repatriación de menores inmigrantes no acompañados, entre otros.
