BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, solicitó hoy una actuación coordinada entre la administración local, autonómica y estatal para abordar el fenómeno de la prostitución, porque solo de esta manera podrán canalizarse los conflictos sociales que se derivan del ejercicio de esta actividad.
Malla recordó en un comunicado que no se trata de un fenómeno nuevo ni exclusivo de Barcelona, pero que las imágenes del ejercicio de la prostitución en calles del centro de la ciudad han reabierto el debate "ya conocido". En cualquier caso, la Síndica admitió que la vía pública no puede ser un lugar donde se permita el ejercicio de la prostitución y precisó que no ha habido el liderazgo necesario para gestionar un conflicto que sobrepasa el ámbito municipal.
La defensora de los derechos de los ciudadanos afirma que las tres administraciones tienen competencias en la materia y los responsables políticos de las mismas son los responsables del actual ordenamiento jurídico, y que a pesar de haberse hablado "mucho" del tema, no ha cambiado nada que ayude mejor a gestionar el problema.
La Síndica aseguró asimismo que los vecinos tienen derecho a que se solucione este problema, así como a la participación "real" en la articulación de las medidas que se implementen, porque no deben sufrir la descoordinación de los diferentes niveles administrativos.
Malla aseguró que la problemática, pese a ser antigua, se ha recrudecido en los últimos años porque la mayoría de los implicados son personas que no residen de manera fija en una ciudad, y por tanto se complica abordar el conflicto desde más ámbitos que solo el policial o penal, porque esas vías no solucionan nada y "prohibir o expulsar no es la solución".
Estas personas implicadas serían, por un lado, una "parte del turismo" con conductas que no realizaría en su lugar de origen y, por el otro, las redes de explotación sexual internacionales que mueven a las mujeres de ciudad en ciudad forzadas a ejercer la prostitución.
La Síndica recuerda que las modificaciones en el marco legal hechas por los municipios no serán suficientes, puesto que el problema se trasladará a otras zonas pero no se solventará.