BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado la "invalidez" del acuerdo GOV/9/2011, de 25 de enero, que regula un nuevo criterio introducido por la Consejería de Enseñanza de la Generalitat para resolver situaciones de desempate en el proceso de preinscripción y matrícula para el curso 2011-12, pero ha rechazado que ello comporte la readjudicación de plazas.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha anulado el criterio por una cuestión "formal", puesto que una modificación de esta índole no se puede hacer mediante un acuerdo de Gobierno como sucedió, sino mediante una disposición reglamentaria, pero el juez ha alegado que no se pueden rehacer las plazas, como pedía el recurso de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac).
La modificación consistió en introducir cinco puntos adicionales por el hecho de que el alumno tuviera un padre, madre, tutor, o hermanos escolarizados en el centro, en caso de obtener igualdad de puntuación en las solicitudes.
Fuentes de Enseñanza han explicado este jueves a Europa Press que, paralelamente al acuerdo de gobierno impugnado, aprobaron un decreto en 2012 con el mismo contenido, por lo que la resolución no afecta al proceso de desempate.
El magistrado de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha resuelto así parcialmente a favor de la Fapac que impugnó el acuerdo pidiendo su invalidez por no ser conforme al "principio de jerarquía normativa".
La Fapac ha explicado este jueves en un comunicado que recurrió la norma porque opina que tiene "carácter discriminatorio", ya que favorece el mapa escolar de hace 30 años y pretende evitar que determinados alumnos estudien en determinados centros.
Según la Fapac, las familias que perdieron la plaza ese curso en el centro escogido sí "pueden reclamar, en caso de que lo quieran, a la Consejería o al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) la revisión del baremo para pedir un cambio de escuela y recuperar la plaza perdida".
Su comunicado admite, sin embargo, que la Consejería, "siguiendo y respetando estrictamente el principio de legalidad y de jerarquía normativa", dictó un decreto el 31 de enero que recogía los nuevos criterios establecidos" en su acuerdo de Gobierno catalán del día 26.
