ROMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Vaticano registró 56 avisos de operaciones financieras sospechosas en 2018, un 62,7 por ciento menos que en 2017, cuando se detectaron 150, según el informe anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, que se ha presentado este martes 21 de mayo.
El estudio revela que 11 casos fueron trasmitidos a la Oficina de Promotor de Justicia para una investigación más en profundidad. Estos datos demuestran, según el organismo, una "mayor eficacia" en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en el Vaticano.
"Se ha confirmado un sólido sistema de señalización y eficaz situación de la implementación del marco regulatorio de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano", señalan.
Por otro lado, de los datos se desprende que el Banco del Vaticano recibió en 2018 un total de 242 solicitudes de información sobre sus cuentas desde otros países, un récord desde que se iniciaron los registros en 2011. En 2017 fueron 180.
Esto pone de manifiesto, según la AIF, que el Vaticano "mantuvo un enfoque proactivo a la colaboración e intercambio de información con sus contrapartidas en la lucha contra las acciones ilegales financieras". Asimismo, el Vaticano realizó 231 peticiones de información a autoridades financieras del exterior, el segundo número más alto desde 2011.
Además, en 2018, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al empresario italiano Angelo Proietti a dos años y seis meses de cárcel por blanqueo de capitales a través de una cuenta bancaria abierta en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el 'Banco del Vaticano'. Fue la primera vez que en la jurisdicción vaticana aplicó una condena por este tipo de delito financiero.
El presidente de la AIF, René Brülhart, ha señalado que el Vaticano se ha adherido al sistema SEPA europeo, a través de la habilitación de un código IBAN al IOR. Para Brülhart esto "demuestra los esfuerzos de la Santa Sede para reforzar la transparencia financiera".
Según el estatuto de 1990, el Banco del Vaticano no puede ser usado por el "público general", sino que está reservado a personal del Vaticano, nunciaturas y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede.
