VIGO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil busca a un vecino de la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño como sospechoso de haber perpetrado una estafa inmobiliaria que supera los 240.000 euros, ya que, supuestamente, esta persona se hacía pasar por agente para vender inmuebles que no eran de su propiedad y que, en algunas ocasiones, ni siquiera existían.
Según informaron fuentes del instituto Armado a Europa Press, hasta ahora se han recibido un total de siete denuncias contra J.M.G.G., que es muy conocido en la población. Según algunos denunciantes, esta persona se aprovechaba de su condición de familiar del alcalde de Salvaterra do Miño, Arturo Grandal, para avalar ante sus clientes las operaciones inmobiliarioas que ofrecía.
Supuestamente, el sospechoso fingía ser empleado de firmas del sector inmobiliario con las que no tenía vinculación alguna. De esta forma, aprovechaba el engaño para realizar ventas de pisos a ciudadanos.
Asimismo, la Benemérita tampoco descarta que existan más denuncias que hayan sido presentadas por los afectados directamente a los tribunales, puesto que el caso lo lleva el Juzgado de Instrucción Número uno de Ponteareas.
Por su parte, fuentes judiciales explicaron a Europa Press que sobre este asunto, en fase de instrucción, pesa el secreto sumarial, por lo que no se facilitó ninguna información al respecto.
BNG.
Por su parte, el BNG mostró su "preocupación" al respecto y pidió al alcalde de la población que "aclare las informaciones" que le vinculan a él y a su sobrino J.M.G.G., después de que afectados hayan dicho que éste "utilizaba la figura de su tío y alcalde para dar credibilidad y fiabilidad a la estafa, asegurando que Arturo Grandal estaba también detrás de la operación".
El portavoz nacionalista y diputado provincial Gabriel Martínez aseguró que "ante todo se respeta la presunción de inocencia" del regidor, pero insistió en que debe de dar "de inmediato" explicaciones y, de esta forma, "despejar cualquier duda que pueda perjudicar al Ayuntamiento". En este sentido, el nacionalista solicitó hoy la convocatoria de un pleno extraordinario donde se esclarezcan los hechos y se aporte información.
Gabriel Martínez se mostró alarmado por el hecho de que los perjudicados "denuncien que el sobrino de Grandal utilizaba licencias de obra y otra documentación en regla para poder falsificar los contratos y cometer la estafa".
Así, incidió en que, para utilizar esta documentación, "sólo hay dos vías: o lograrla a través de otros promotores o bien desde el propio Ayuntamiento", por lo que consideró necesario que también "se arroje luz" a este respecto.
Finalmente, confió en la actuación de la Policía y de la Justicia "para conocer todos los datos de la supuesta estafa, así como los posibles responsables, aunque también para que "se despejen las dudas sobre el Gobierno local y el Ayuntamiento", añadió.
