EL EJIDO (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)
Un juez decretó hoy libertad con cargos condicionada a presentarse cada quince días ante el juzgado de El Ejido (Almería) que instruye las diligencias del caso para José Manuel R.V, principal responsable de la red internacional de explotación sexual de mujeres rusas desarticulada por la Policía Nacional en Almería y Fuerteventura durante la operación 'Anastasia'.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de la Comisaria Provincial, el magistrado dictó la misma resolución para Marina G., una joven de 30 años originaria de Tambor, detenida en Almería junto al cabecilla e imputada por delitos relativos a la prostitución junto a otras cinco mujeres de nacionalidad rusa y tres españoles.
José Manuel R.V., quien recibía mensualmente una media de 10.000 euros de renta derivados de la actividad de la red, permanecía oculto y llevando un "alto tren de vida" en Rusia, a donde huyó tras la denuncia de una de las jóvenes, una atleta de 18 años que formó parte de la delegación rusa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y gracias a la cual se desencadenó la operación 'Anastasia'.
La red desarticulada podría haber introducido en España a más de 300 mujeres a las que José Manuel R.V. captaba con falsas promesas de trabajo en el mundo del espectáculo. Una vez convencidas e introducidas clandestinamente en el país, eran trasladadas hasta la isla de Fuerteventura y a clubes del la Comarca del Poniente almeriense donde, coaccionadas, eran obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad para con las ganancias pagar la deuda contraída con la organización por el viaje.
Los miembros de la red, según detalló la Policía Nacional en una nota, se encargaban de buscar a jóvenes en situación de gran dependencia económica y pocos familiares que pudiesen interesarse por su situación. El perfil de sus víctimas respondía a madres solteras o chicas huérfanas y provenientes de zonas económicamente deprimidas de Rusia.
MODUS OPERANDI
La organización disponía en Rusia de personas que realizaban funciones de "captadores" quienes convencían a mujeres jóvenes, en situación económica precaria y con pocos familiares que les pudieran ayudar. Para ello, utilizaban engaños y promesas de obtener un trabajo legal, digno y bien remunerado en España, más concretamente en las Islas Canarias.
Las víctimas, una vez conducidas y trasladadas a Fuerteventura y a la provincia de Almería, eran controladas por miembros de esta organización, impidiendo en todo momento su libertad. Las jóvenes eran también objeto de sanciones económicas en caso de que desobedecieran, lo que servía para alargar su deuda y perpetuarlas en la prostitución.
De hecho, la denunciante sufrió múltiples vejaciones tras intentar escapar dos veces de su explotadores, quienes tras la primera vez, la recluyeron en un apartamento del sur de la isla de Fuerteventura donde la abandonaron varios días con agua pero sin alimentos hasta que pudo ser socorrida por unos vecinos.