VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización dedicada presuntamente al favorecimiento de la inmigración ilegal, a la falsificación de documentos y a la explotación sexual de mujeres, tarea para la que contaban con una mujer apodada 'Mami' y residente en León.
También cometían estafas por el procedimiento de las "cartas nigerianas", según informaron a Europa Press fuentes policiales.
La operación ha culminado con la detención de 14 personas de nacionalidad nigeriana en las localidades madrileñas de Leganés, Alcalá de Henares y Móstoles, en Madrid capital y en Palma de Mallorca. Otras cuatro han sido arrestadas por estancia irregular. Los cabecillas de la red empleaban sus domicilios y los locutorios que regentaban como auténticos laboratorios de producción de documentos, por los que los inmigrantes pagaban entre 600 y 1.200 euros.
El grupo desarticulado, además, explotaba sexualmente a mujeres, generalmente de su misma nacionalidad, a las que captaban en su país de origen. Eran engañadas con falsas promesas y les realizaban ritos de vudú para doblegar su voluntad.
Se han practicado diez registros en los que se han intervenido todo tipo de útiles para elaborar los documentos, 17 ordenadores, teléfonos móviles, documentos falsificados, cartillas bancarias y 4.000 euros en efectivo.
La operación ha sido realizada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Documentación de Madrid, Sevilla, León y Palma de Mallorca.
LA PISTA PARTIÓ DE SEVILLA
La investigación se inició en noviembre de 2007 en Sevilla tras analizar una denuncia en la que se hacía constar la existencia de una organización dedicada a proporcionar documentación falsificada a inmigrantes. Con estos papeles lograban entrar en nuestro país o permanecer en el mismo de forma aparentemente legal.
La organización falsificaba tarjetas de residencia para extranjeros, certificados de NIE y certificados del número de asignación a la Seguridad Social. En muchas ocasiones, los receptores de estos documentos eran ciudadanos extranjeros que habían llegado a España en patera o cayuco. Por los documentos pagaban entre 600 y 1.200 euros y con ellos podían ser contratados, abrir cuentas bancarias y establecer cualquier relación jurídica.
El 'modus operandi' de la organización se basaba en una estructura piramidal compuesta por tres escalones. El primer escalón se dedicaba a captar inmigrantes ilegales a los que ofrecían la documentación falsificada. El segundo, estaba formado por hombres de confianza de los cabecillas de la organización (intermediarios). Su misión consistía en conseguir documentos auténticos que después manipulaban (permisos de residencia, pasaportes, etc.) por los que pagaban una considerable cantidad de dinero a sus titulares. Estos, para lograr evadir la acción de la Justicia, no dudaban en presentar sus correspondientes denuncias por la pérdida o sustracción de los documentos.
En la cumbre de la pirámide estaba el tercer escalón formado por los cabecillas del grupo. En sus domicilios y locutorios disponían de equipos informáticos, plastificadoras, impresoras, luz ultravioleta, tintas especiales y todo tipo de materiales para confeccionar los documentos.
Una vez elaborados eran remitidos por correo a los interesados, recogidos en el mismo laboratorio por los solicitantes o entregados a otros miembros de la organización que los distribuían distintas provincias españolas, e incluso en países europeos como Francia e Italia.
El importe pagado por los clientes era entregado al cabecilla de la organización en el momento de recoger la documentación solicitada, bien en mano por sus colaboradores o a través de transferencias a cuentas bancarias que en muchas ocasiones eran abiertas con identidades falsas o a nombre de otras personas.
RECLUIDAS EN PISOS.
El grupo desarticulado también se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres, por regla general de su misma nacionalidad, captadas en sus países de origen con falsas promesas de bienestar. Una vez España eran recluidas en pisos con los que contaba la organización y les explicaban el verdadero motivo de su traslado, que no era otro que el que deberían ejercer la prostitución y entregar las ganancias a los miembros de la red.
Cuando las cantidades abonadas semanalmente a la organización no eran consideradas suficientes, las mujeres eran sometidas a amenazas, coacciones y palizas. A esto hay que añadir que, antes de trasladarlas a España, les realizaban ritos de vudú para doblegar su voluntad.
Las mujeres eran controladas por una persona, conocida con el nombre de 'Mami', quien supervisaba sus actividades y gestionaba los pagos. Residía en León y, mediante conversaciones telefónicas diarias o viajando con frecuencia a Madrid, daba cuenta de la actividad de las mujeres a uno de los máximos responsables del grupo.
La operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.
