Los detenidos por la estafa de cartas nigerianas en Málaga habrían defraudado 27 millones a 1.500 personas

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional estima que los detenidos ayer en Málaga en relación con la presunta estafa internacional a través del método conocido como las cartas nigerianas habrían defraudado 27 millones de euros a unas 1.500 personas, según las denuncias presentadas hasta el momento, aunque los investigadores apuntan que el fraude real sin denunciar podría superar los 250 millones de euros. Cada víctima habría pagado como media 18.000 euros.

La operación policial, que comenzó el pasado martes, se ha saldado con la detención de 53 personas de nacionalidad nigeriana a las que se les imputan los delitos de estafa, falsificación documental, asociación ilícita y estancia irregular. Según indicaron desde la Dirección General de la Policía en un comunicado, se enviaban cada día 25.000 misivas sobre todo a países nórdicos, de la UE y a los Estados Unidos.

Más de 250 agentes, coordinados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal y bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, llevaron a cabo esta operación, en la que se realizaron 62 registros en Málaga --19 en domicilios y 34 en locutorios--, en los que se intervinieron más de 100.000 cartas de estas características, algunas ya con las direcciones de las víctimas.

Los efectos intervenidos son 30 portátiles y 20 CPUs, elementos informáticos de memoria, listados con cientos de miles de víctimas potenciales, más de 150 teléfonos móviles, documentos falsos relacionados con notificaciones de loterías y depósitos de dinero en entidades; más de 100.000 sobres con cartas falsas, 30.000 ya confeccionadas para enviarlas; sellos de caucho y de correos, 69.000 euros y resguardos de recepción de dinero del extranjero.

MODUS OPERANDI.

El 'modus operandi' de esta banda organizada es el conocido como fraude de las cartas nigerianas, una modalidad de estafa en serie a nivel internacional. Los estafadores realizan un envío masivo de comunicaciones postales tradicionales o electrónicas al resto del mundo, en las que se informa a los destinatarios de que han sido elegidos al azar para participar en un sorteo de lotería española, siendo además agraciados con "una elevada cantidad de dinero".

Se les facilita a las víctimas el número de teléfono al que tendrán que llamar si quieren recibir el premio, que oscila entre los 60.000 y los tres millones de euros, recibiendo además todo tipo de documentos falsos presuntamente emitidos por organismos públicos españoles, entidades bancarias y compañías de seguros. Luego, piden a los afectados que rellenen un formulario en el que solicitan los datos bancarios.

Cuando la víctima está totalmente convencida, se le solicita que se envíen varias cantidades de dinero, cuya cuantía dependerá del grado de inocencia y solvencia que los delincuentes descubran o intuyan en las víctimas. Estos abonos se argumentan en la existencia de impuestos, gastos de custodia, gestión y emisión de certificaciones previas a la entrega del premio obtenido. Al no llegar el premio, la víctima descubre la estafa.

Las denuncias indican que cada víctima paga a los delincuentes entre 900 euros y 90.000 euros por diversos conceptos. Aunque en este caso se estiman unas 1.500 víctimas en los 12 meses investigados, desde la Policía señalaron que hay una cifra oculta "mucho más elevada que no denuncian que han sido objetivo de un engaño por considerarlo en ocasiones vergonzante", por eso aunque el fraude denunciado es de 27 millones de euros, es sólo el 10 por ciento del total estimado.

Desde la Policía destacaron que las investigaciones policiales de estos grupos supone un reto para los agentes al enfrentarse a unos delitos globalizados con miles de víctimas en el extranjero, autores de nacionalidad nigeriana y residentes ilegalmente en España; por lo que se requiere, tras las denuncias, numerosas comisiones rogatorias y gestiones diplomáticas. Señalaron que estas dificultades se solventan gracias a la especialización policial y a la cooperación con la Fiscalía Especial.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid es el que asumió las competencias. Desde el Colegio de Abogados señalaron que ayer se puso a disposición de la Comisaría un letrado por cada 12 detenidos, ya que, según explicaron a Europa Press, es la recomendación del Defensor del Pueblo. Este refuerzo especial ha sido al margen de los abogados que están de guardia para el resto de los detenidos.