La ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares y su esposa no se encuentran entre los liberados
PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional dejó en libertad a lo largo de la tarde de ayer a dos personas presuntamente implicadas en la trama de corrupción gestada desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura con el gobierno del Partido Popular presidido por Jaume Matas, y que se ha saldado hasta el momento con once detenciones llevadas a cabo en el marco de la operación policial Scala contra la corrupción.
Según confirmaron hoy a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, entre los liberados no figuran las principales involucradas en el caso, la ex gerente del Consorcio, Antonia Ordinas, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. Junto a ellas, permanecen detenidas en las dependencias de la Jefatura Superior de Baleares tres personas más.
Tal y como señalaron las mismas fuentes, los cinco arrestados deberán continuar en comisaría hasta que pasen a disposición judicial, de lo cual deberá avisar el Grupo de Delincuencia Económica, encargado de las detenciones así como de tomar declaración a los implicados. En cuanto a los liberados ayer, uno de ellos vio la calle a media tarde mientras que el otro lo hizo en torno a las 22.00 horas.
Desde la Jefatura indicaron que es probable que para algunos detenidos, como Ordinas y su mujer, la Policía agote el plazo de 72 horas que fija la Ley para tener arrestada a una persona antes de que pase a disposición judicial.
MALVERSACIÓN DE FONDOS
La operación se inició el pasado lunes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga la presunta trama dirigida por Ordinas para beneficiar a su mujer y a empresas de personas allegadas, y que podría haber supuesto una malversación de fondos por valor de 5 millones de euros. Los detenidos en esta operación son empresarios que trabajaron para el CDEIB y a los que la ex gerente contrató para realizar proyectos sin el preceptivo concurso público.
El operativo fue dirigido por la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marin, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Durante el día de ayer se realizaron sendos registros en los inmuebles de los sospechosos, entre los que se hallaba el de Ordinas y Rosselló. Esta última figura como la titular de una empresa -Gabinete Alays S.L-, a la que Ordinas adjudicó, vía el CDEIB, informes por valor de 86.000 euros.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del Consorcio. El Ejecutivo pidió a Ordinas y al entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que hicieran efectivo las cuantías que adeudaban. Viaene devolvió el dinero, pero Ordinas siempre se negó en rotundo asegurando que se trataba de partidas necesarias para pagar las elevadas dietas.
