MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad para la devolución del proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, por considerar que la misma "impone" un determinado modelo de e-Administración, a través de una legislación "demasiado detallada", que, según el Grupo Catalán, representa una "extralimitación" de las competencias del Estado. Asimismo, critican que la memoria económica que acompaña al proyecto "no destine ,los recursos necesarios para su financiación".
Además, CiU presenta la enmienda, según su exposición de motivos, por que "pretende legislar aspectos que están ya resueltos desde un punto de vista normativo en leyes aprobadas con anterioridad, como la firma electrónica". A juicio del grupo, el proyecto de ley "debería regular únicamente un mínimo común normativo en materia de derechos básicos de los ciudadanos" y fijarse las "condiciones mínimas de interoperatividad" para facilitar que los sistemas de información tengan capacidad para compartir datos.
"El Estado tiene competencias para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento común, pero no para configurar un modelo determinado de Administración electrónica, ya que vulnera las competencias exclusivas de autoorganización de las Comunidades Autónomas y Entes Locales", recuerda CiU. A juicio del Grupo, para que el Estado garantice la igualdad del ciudadano en el ejercicio de sus derechos, es "innecesario especificar con carácter básico y con un excesivo nivel de detalle, las medidas que van a adoptar las Administraciones Públicas para su efectivo cumplimiento", aseguran.
En este sentido, califican el proyecto de "imposición" de un determinado modelo de e-Administración y argumentan que el vigente Estatuto de autonomía de Cataluña "le otorga la competencia exclusiva en materia de régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones públicas catalanas".
Por otra parte, critican que la memoria económica que acompaña al proyecto de Ley "contradiga" los argumentos del Gobierno para declarar básicos la mayoría de artículos: "Se reconoce en la Memoria que este Proyecto de Ley establece la obligatoriedad para las Comunidades Autónomas y Entes Locales de ofrecer la totalidad de servicios a través de medios electrónicos, aunque, finalmente, no destina recursos económicos para su financiación", dicen.
Al contrario, afirman que si la futura Ley mantiene el carácter de legislación básica, el Estado "debería financiar los costes correspondientes para el resto de Administraciones y ello no se realiza ni prevé, argumentándose en la memoria económica que la mayoría de Comunidades Autónomas y un buen número de Entes Locales ya han anunciado planes de actuación que contemplan el cumplimiento de lo establecido en la Ley", lo que, a juicio de CiU, "deja claro que el cumplimiento efectivo del derecho a la atención electrónica es competencia de las Comunidades Autónomas y que el propio Estado se extralimita en su legislación básica sin prever tampoco la necesaria financiación".
Andalucía
