MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas, con la abstención de PP, CiU, PNV y BNG y el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Entre las modificaciones incluidas en su trámite por la Cámara Baja, está la creación de un defensor del usuario de la Administración General del Estado, sólo para los derechos que contempla. La norma seguirá ahora su tramitación en el Senado.
Esta normativa garantiza el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por las distintas administraciones públicas de forma telemática, garantizando la seguridad de las comunicaciones, la neutralidad tecnológica, y la accesibilidad a la información pública, creando derechos que hasta ahora no existían, según explicó a Europa Press el ponente socialista de esta futura ley, Juan Carlos Corcuera, resaltando que se obliga a las administraciones públicas a asegurar estos derechos.
Asimismo, reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las administraciones públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos, destacó este diputado del PSOE por Barcelona. Así, aunque el texto apuesta por priorizar la comunicación a través de 'software' libre, deja a libre selección del usuario el sistema.
Este proyecto es una ley "marco y general", que regula aspectos "concretos" de la Administración General del Estado y sólo sienta las "bases" para las autonómicas y locales, exigiendo sólo "interoperabilidad técnica, semántica y organizativa". De hecho, obliga a la Administración central a la transformación de sus servicios en telemáticos antes del 31 de diciembre de 2009 mientras que deja abierto el plazo para el resto en función de su disponibilidad presupuestaria.
Además de recoger una definición de 'estándares abiertos', el texto tramitado en el Congreso, donde se presentaron 210 enmiendas parciales de todos los grupos parlamentarios, contempla la creación por real decreto de un esquema nacional de interoperabilidad que establezca los mecanismos para asegurar la interrelación telemática entre las administraciones, tal y como recalcó Corcuera, destacando que todas las administraciones "hace tiempo que ya poseen servicios telemáticos".
ACOMPAÑADA DE MEMORIA ECONÓMICA.
Entre otras cuestiones clarificadas en el paso del proyecto por la Cámara Baja, donde CiU presentó una enmienda de totalidad por "invasión" de las competencias autonómicas que fue rechazada, se incorporaron alusiones a la Ley de Protección de Datos y Ley de Firma Electrónica pero "sólo en algunos aspectos en los que había cierta indefinición", concretó el ponente socialista, quien recordó que la futura ley cuenta con una memoria económica para su puesta en marcha.
En las cantidades presupuestarias, no figura un fondo complementario para las administraciones para sufragar gastos porque "no se crean servicios nuevos" y las inversiones de las autonómicas y ayuntamientos serán para maquinaria "rápidamente rentabilizable". Así, la financiación será para los mecanismos comunes a todas las administraciones, como los de interoperabilidad que asume la general del Estado
El proyecto, compuesto de 42 artículos, entre los que se garantiza la utilización de las lenguas cooficiales, reconoce, asimismo, derechos de los ciudadanos a validar su identificación electrónica y conocer el estado de los trámites que han iniciado e incluye una disposición adicional que insta al Gobierno a presentar un Plan de implantación de los medios necesarios para llevar a cabo estas nuevas obligaciones.
Según consta en el texto, los ciudadanos podrán acreditar su identidad mediante la firma electrónica y el DNI electrónico, y se reconocerá como oficial toda comunicación, notificación, acuse de recibo u otro documento creado como consecuencia de la relación entre administración y usuario, también los que sean emitidos y enviados de forma electrónica. Los propios ciudadanos o empresas podrán exigir a las entidades públicas recibir estas comunicaciones y notificaciones de forma electrónica.
Además, la norma apostará por la cooperación interadministrativa como instrumento para la prestación de servicios públicos de forma telemática. Esta cooperación deberá hacerse efectiva mediante la creación de una red integrada para la prestación conjunta de servicios públicos, el desarrollo de infraestructuras comunes y nuevos órganos que faciliten el intercambio de datos entre administraciones.
