El fiscal pide el ingreso en prisión de Ángel de Cabo, al que acusa de ocultar los bienes de Díaz Ferrán

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha solicitado al juez Eloy Velasco que dicte el ingreso en prisión incondicional del actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, y su colaborador Iván Losada por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad de ocultar los bienes de su anterior propietario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, informaron fuentes jurídicas.

Los dos imputados se han negado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ha decretado el ingreso en prisión bajo fianza de 30 millones de euros de Díaz Ferrán por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El representante del Ministerio Público también ha solicitado el ingreso en prisión eludible con fianzas de medio millón de euros para Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo, y su presunto testaferro Antonio García Escribano.

Además, ha pedido una fianza de 3.000 euros para la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y no ha solicitado ninguna medida cautelar para el experto fiscal del grupo, Rafael Tormo. Estos dos últimos sí han contestado a las preguntas del juez y el fiscal. Los únicos interrogatorios que faltan por practicar son los de Carmelo José Estéllez y José Enrique Pardo Manrique.

De Cabo es el dueño de la empresa Posibilitum, a la que se investiga por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos. Losada también es el actual administrador de Nueva Rumasa, que el entramado adquirió a la familia Ruiz Mateos cuando se declaró en concurso de acreedores.

El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir su patrimonio a paraísos fiscales y ocultar la propiedad de sus bienes, entre ellos un yate y dos pisos de lujo en Nueva York, con la intención de no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros. Por este motivo, Velasco ha ordenado el bloqueo de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado quería sacar de España.

SE NIEGAN A DECLARAR.

La fianza impuesta a Díaz Ferrán iguala a la más alta impuesta por un juez en España, que fue la que se decretó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el 'caso Torras'.

Durante los 45 minutos en los que ha permanecido declarando, el expresidente de la patronal ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.

También ha señalado que vendió en 2010 al empresario De Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban "en crisis". Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.

Aunque ha asegurado que no tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales, sí ha reconocido que tiene dos pisos de lujo en Nueva York valorados en 10,6 millones de euros y que quiso vender otros bienes, como una finca en Mallorca y un yate con el nombre de su esposa, porque sabía que le iban a embargar.

"DELIBERADO PROCESO DE ALZAMIENTO".

El juez Velasco instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia. Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo "un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores".

En el domicilio del expresidente de la CEOE la Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico. Según la cotización actual del oro, la cantidad de ese metal precioso estaría valorada en torno a los 60.000 euros. Además, los agentes intervenieron varios coches de alta gama.