Gobierno cree que la Ley de Renovación Turística de Canarias puede provocar un "cierre del mercado"

Gran Hotel Atlantis Bahía Real De Fuerteventura.
CEDIDA POR LA EMPRESA.
Actualizado: domingo, 16 febrero 2014 11:59

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno cree que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias puede provocar un "cierre del mercado", al limitar las autorizaciones que se pueden conceder para la apertura de nuevos hoteles de cinco estrellas, motivo por el que inició un proceso de cooperación con el Ejecutivo regional, cuyo plazo de negociaciones concluye el próximo día 28.

Así consta en una respuesta al diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, sobre la decisión de los ministerios de Economía y de Industria de abrir un procedimiento de cooperación ante las "discrepancias" con el artículo 4 de dicha normativa canaria. Una medida que, a su juicio, puede generar "incertidumbre y parálisis" en el sector turístico canario, "determinante" para la región, y que pueda "agravar la situación económica y de desempleo" del archipiélago.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno defiende que su decisión "no sólo no genera incertidumbre y parálisis en el sector turístico, sino que es la correcta para garantizar la vía de la cooperación con Canarias y la seguridad jurídica, para mejorar la confianza de los inversores, para atraer recursos a la comunidad y para contribuir a reducir la tasa de desempleo" en Canarias.

CONCULCA LA LIBRE COMPETENCIA.

El artículo de la discordia es el que regula el otorgamiento de autorizaciones administrativas previas, necesarias para conseguir las licencias urbanísticas. Con la nueva redacción de la ley, aprobada en mayo de 2013, se somete a autorización previa habilitante del Cabildo la implantación, ampliación y, en algunos casos, renovación de la oferta hotelera en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife con carácter general.

No obstante, se limita la concesión de estos permisos a los nuevos establecimientos de cinco estrellas, que deberán demostrar que han firmado con los servicios de empleo un convenio para la formación continua de su personal; a los hoteles de turismo rural, a los apartamentos de cinco estrellas o superior, o a los locales que quieran modernizarse y renovarse para retomar la actividad hotelera.

Por su parte, en El Hierro, La Gomera y La Palma no se podrán exigir autorizaciones previas por rehabilitación pero sí por nueva apertura, salvo a los hoteles que se ubiquen en suelo rústico. La normativa justifica esta decisión en "razones de fragilidad territorial y ecológica de las diferentes islas" y recoge algunas excepciones.

SOLUCIÓN NEGOCIADA.

Ante esta regulación, la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas examinó el texto normativo y, posteriormente, Industria y Economía consideraron que el cauce de cooperación permitiría buscar una "solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad".

"El inicio del procedimiento no supone una intromisión en las competencias de la comunidad autónoma", defiende el Ejecutivo, que fundamenta su rechazo al artículo 4 de la ley canaria en las competencias "irrenunciables" que asisten al Estado y que "no pueden verse menoscabadas por la legislación autonómica".

Y es que el Gobierno cree que el artículo 4 podría suponer "un cierre del mercado" al limitar las autorizaciones para nuevos hoteles de cinco estrellas o superior, lo que podría "alejar a posibles inversores" y "restringir la generación de empleo tan necesaria" en el archipiélago, al "ignorar" el efecto positivo que este tipo de establecimientos tienen en una economía muy dependiente del turismo como es la canaria.

"Las limitaciones de la Ley deben valorarse de manera muy estricta, dado que podrían suponer un cierre del mercado que vulnere el principio de libre competencia establecido por la Constitución, en tanto en cuanto se está limitando el mercado a determinados operadores y no se está protegiendo ni garantizando el ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía", insiste la respuesta.

Ante este panorama, la Comisión Bilateral entre el Estado y Canarias se constituyó en julio del año pasado, y su plazo de negociación concluirá el próximo 28 de febrero.

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