Sanz dice que no hay estudios de los derechos de inversores porque se establecen en el futuro plan
BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los grupos municipales de C's, PSC, CiU, ERC y PP han aprobado este martes una proposición que insta al Gobierno municipal a presentar una propuesta para levantar parcialmente la suspensión de licencias de alojamientos turísticos, porque consideran que no debería afectar a las zonas que no estén saturadas por el turismo, iniciativa a la que se han opuesto la CUP y el Gobierno municipal de BComú.
La propuesta, aprobada en comisión municipal extraordinaria de Economía y Hacienda y de Ecología, Urbanismo y Movilidad, también pide al Gobierno de Ada Colau que haga públicos los informes en los que se basó para impulsar la moratoria, y estudios que analicen el impacto económico y en el empleo.
Además, reclama que entregue en un plazo máximo de un mes estudios jurídicos que analicen posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a inversores afectados por la moratoria, y que el Gobierno municipal explique si ha creado una reserva presupuestaria para asumirlas en el caso de que se deban cubrir.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha defendido que la moratoria se estableció en toda la ciudad para obtener una fotografía de la situación para estudiar la regulación y cómo frenar la "desregulación y la barra libre" del turismo, potenciada en el mandato del exalcalde Xavier Trias, según ella.
Acerca de la petición de los estudios previos sobre las consecuencias derivadas de los derechos de los inversores afectados por la moratoria, ha dicho que se realizan después de acordar la regulación --ya que es ésta la que establece los derechos-- y no antes de la suspensión, que ha recordado que es temporal y no definitiva.
INDEMNIZACIONES
Sobre las posibles indemnizaciones, ha asegurado que "no hay implicaciones jurídicas" por el hecho de ser una suspensión provisional y no permanente y porque considera que el sector ha entendido que la decisión sirve para impulsar una reflexión y una regulación clara y realista que permita redistribuir la carga turística en la ciudad.
La líder municipal de C's, Carina Mejías --cuyo grupo ha impulsado la comisión junto al PSC--, ha asegurado que 18 proyectos han interpuesto una demanda para exigir una indemnización, y ha cifrado en 41 los que contaban con certificados urbanísticos en el momento de la suspensión.
Ha dicho que la medida es una "clara prevaricación, porque produce efectos injustos" a los inversores --que ha destacado que no sólo son grandes fondos, sino también pequeños inversores que no pueden asumir las pérdidas--, y ha avisado al Gobierno municipal de que no puede tomar decisiones sin estudiar sus consecuencias.
El líder municipal socialista, Jaume Collboni, ha exigido explicaciones y una rectificación al Gobierno municipal --considera un error parar la actividad para reflexionar--, y ha criticado que están "acostumbrados a hacer titulares fáciles, y a veces son muy caros, como por el perjuicio que ha causado y los que puede causar" con las indemnizaciones.
"Esta decisión saben que es errónea y no saben como dar marcha atrás, porque la han vendido como un éxito político, y les cuesta mucho deshacer el camino hecho", ha aseverado Collboni, que ha dicho que, si el Gobierno municipal rectifica, demostrará que conoce la ciudad.
RETROCEDER EN TURISMO RESPONSABLE
La portavoz adjunta de CiU, Sònia Recasens --que ha lamentado que la alcaldesa no haya asistido a la comisión--, ha avisado de que no están dispuestos a retroceder en lo que se había avanzado en materia de turismo responsable y, tras pedir al Gobierno municipal que cumpla la propuesta aprobada, ha criticado que acuse a CiU de haber promovido el aumento de hoteles: "¿Sabe quién hizo el gran número de plazas hoteleras? Personas de ICV-EUiA. ¿Le suena este partido?"
Jordi Coronas (ERC) ha calificado de "algo temeraria" la moratoria y ha pedido que se realice la fotografía de la situación lo antes posible para poder levantarla, tras lo que ha defendido que antes de tomar la decisión se debería haber creado el Consejo de Turismo y Ciudad para debatirlo.
Desde el PP, Javier Mulleras ha dicho que aplicar la suspensión en toda la ciudad equivale a querer matar moscas a cañonazos, y ha criticado que el Gobierno de Colau ha generado un efecto de expulsión de la actividad económica: "El Gobierno municipal ha pasado de poder ser parte de la solución a ser una parte del problema".
Josep Garganté (CUP) ha dicho que los partidos que han votado a favor de la propuesta defienden al lobby empresarial del turismo y son neoliberales a los que sólo importa el lucro privado, y ha destacado que la riqueza que genera el turismo sólo beneficia a unos pocos, mientras que "el gasto económico y la huella ecológica sí la pagan los vecinos, con impuestos y con su salud".
