SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite y archivado la querella presentada por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria contra el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, por varios delitos de corrupción en actuaciones públicas en relación a la construcción del Centro Botín de la capital, al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de ilícito penal alguno.
El Supremo se pronuncia así contra la querella presentada el pasado mes de febrero por la Plataforma al considerar "ilegal" el proceso de construcción de dicho centro cultural en el entorno de la Bahía de Santander y con la que pretendían conseguir la paralización de las obras en una instalación ya prácticamente finalizada y está previsto se inaugure el próximo 23 de junio.
En un auto dictado el pasado 27 de abril, la Sala de lo Penal del Supremo considera que al dirigir la querella añadiendo y encabezando al hoy ministro se ha pretendido "atraer la competencia de esta Sala, con la pretensión de apertura de una "causa general" a toda una actuación administrativa, con fundamento en inconcretas afirmaciones donde no se aporta ni el más elemental principio o indicio de prueba contra el aforado", por lo que, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede la inadmisión de la querella.
El alto tribunal se pronuncia exclusivamente sobre De la Serna por su condición de aforado ante la Sala, y declara su falta de competencia respecto al resto de personas incluidas en la querella, entre ellas todos los miembros del Patronato del Centro Botín, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que también lo era cuando en el año 2010 se inició la tramitación de dicho centro cultural.
Además, la Plataforma, como acción popular, presentó querella contra la exvicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga; el expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.
El colectivo les imputaba a todos ellos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, contra los recursos naturales y medio ambiente, contra el patrimonio cultural e histórico, ordenación del territorio y urbanismo, y daños, por los procedimientos administrativos y actos conexos desarrollados en la construcción del centro cultural en el Muelle Albareda de Santander.
El Supremo indica que la querella "no aporta en relación con los delitos imputados ni el más elemental principio de prueba, indicio o sugerencia".
